Este martes por la noche 39 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, se encerraban en la terraza del edificio al grito de "libertad" y "dignidad", y permanecían allí más de once horas. Este suceso ha reactivado la polémica en torno a estas instalaciones. Operativos en España desde el año 1985, son numerosas las voces que solicitan el cierre de estos centros. Las denuncias sobre la opacidad con la que se gestionan y las condiciones en las que viven los inmigrantes son constantes.

En 1985, la Ley de Extranjería posibilitó la detención y privación de libertad de ciudadanos extranjeros residentes en España que no tuvieran papeles. Eso sí, los locales destinados para tal uso no debían tener un "carácter penitenciario" y la determinación del internamiento debía proceder de un juez. Son gestionados por el Ministerio de Interior.

España cuenta con siete CIE, por los que en total en 2015 pasaron 6.930 inmigrantes, según el Ministerio de Interior. De ellos 6.475 fueron hombres y 455, mujeres. El de Algeciras registró 2.114 internos; el de Madrid, 1.342; el de Las Palmas, 843; el de Barcelona, 738; los de Murcia y Valencia, 690 cada uno, y el de Tenerife, 58. En los últimos años el Gobierno ha decidido cerrar el que estaba ubicado en Fuerteventura y otro que había en Málaga. El centro de Madrid se encuentra en el hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel. Se trasladó allí desde Moratalaz, en 2005, en medio de un fuerte rechazo vecinal.

Sirven de centro de detención temporal de inmigrantes sin permiso de residencia en España. En su interior conviven extranjeros cuya única falta es no tener papeles con delincuentes comunes, también foráneos, con varias causas abiertas. Los internos permanecen un máximo de 60 días en este espacio. La media de estancia según datos oficiales es de 24 días, siendo la mayor en Murcia, con 29, y la menor en Madrid, con 18. Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes, una ONG encargada de realizar visitas a los ingresados en ellos, asegura sin embargo que la estancia es superior. En concreto, en el madrileño el 40% de los visitados por esta organización está más de 40 días y en el barcelonés, uno de cada tres.

Del total de personas internadas en los CIE por las Fuerzas de Seguridad el pasado año, el 41,42%, es decir, 2.871, fueron expulsadas de España. El resto quedó en libertad.

En el año 2000 se creó la figura de los jueces de control de los CIE y en 2014 se aprobó el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. "Aunque el anuncio de la aprobación de una norma con dicha finalidad debiera ser aplaudido, el texto nace, no obstante, con numerosos aspectos susceptibles de mejora y no pocos claro-oscuros, obviando, de entrada, algunas de las recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo o por los Juzgados de Control", afirma un informe elaborado para Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes por la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad de Valencia, la de Valladolid y la de Barcelona.

La ley reconoce el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales de protección de inmigrantes, tanto nacionales como internacionales, y el derecho de éstas a visitar los centros pero las denuncias sobre la opacidad y la falta de información de lo que ocurre dentro son constantes.

El de Aluche por ejemplo tiene capacidad para 280 personas repartidas en cinco módulos, cuatro para hombres y uno para mujeres, en habitaciones de ocho y seis literas. Actualmente hay en él 93 inmigrantes, según datos del Ministerio de Interior. Hace unos años los cuartos carecían de baño y por las noches los internos debían pedir permiso a un guardia para ir al aseo. El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 recogía que ese año se habrían efectuado las reformas necesarias para que todas las habitaciones contaran con lavabo e inodoro en su interior.

En los últimos dos meses se han producido fugas en dos de los CIE que hay en España, el de Madrid y el de Murcia. La primera tuvo lugar el 17 de agosto, cuando un grupo se escapó tras lograr serrar los barrotes. La huida se saldó con la detención inmediata de diez personas y otra más al día siguiente. Los otros siete no fueron localizados. La segunda fuga la protagonizaron 67 internos del CIE murciano de Sangonera. De ellos 41 fueron arrestados.

En Barcelona, el Consistorio mostró en julio su intención de cerrar definitivamente el CIE de la ciudad alegando que carece de licencia y de las medidas de seguridad adecuadas. El juzgado contencioso administrativo número 2 señaló no obstante que existían "serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento" para tomar esa medida. El magistrado también apuntó que el Ejecutivo local no había exigido esa licencia de actividades en los diez años que lleva funcionando la instalación.

En Valencia, Compromís solicitó igualmente este verano el cierre del CIE de Zapadores por su "situación de insalubridad" al encontrarse una plaga de chinches.