Los hechos sucedieron el 12 de abril de 2013, cuando un grupo de personas de dicha localidad y de movimientos sociales ocuparon de forma simbólica un terreno de 78 metros cuadrados de anchura que consideran una vía pecuaria o realenga y que se encontraba en estado de semiabandono. El objetivo era llamar la atención de la Junta de Andalucía para poder instalar huertos sociales.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que dos de los sindicalistas de la CGT "puestos de común acuerdo y a sabiendas de que se trataba de un terreno de propiedad privada", procedieron a "ocupar una parte de la finca El Coronado" y que entraron en ella.

Además, se precisa que accedieron a ella "a sabiendas de que no estaban autorizados para ello, liderando a muchas personas que les seguían y respecto de las cuales no han quedado acreditado que conociesen que dicho terreno era de propiedad privada", llegando a permanecer en la misma "de forma intencionada hasta el día 22 de abril".

De igual modo, ha quedado acreditado que el tercero de ellos, también perteneciente a CGT, accedió junto con los otros acusados al interior de la finca el 12 de abril "sin que haya quedado acreditado que permaneciese en la misma con intención de ocuparla hasta el día 22".

Por ello, la Sala condena a los dos acusados como responsables criminales de un delito de usurpación, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ellos de cuatro meses y quince días de multa con una cuota diaria de seis euros. Además, se absuelve al tercero de ellos de las mismas infracciones penales que le venían siendo imputadas en la causa.

La sentencia no es firme. Por ello, desde CGT han informado a través de un comunicado que "va a ser recurrida en apelación, dentro del plazo establecido en la misma, ante la Audiencia Provincial".

Por otro lado, CGT ha mostrado "su sorpresa e indignación" por la condena "a los compañeros que son víctimas del sistema, dado que quien ha usurpado al bien común una parcela de tierra publica y la explota, sigue manteniendo ese privilegio sin que la Junta de Andalucía, que reconoce la titularidad pública, haga nada por deslindar y recuperar esa tierra para los contribuyentes que son sus legítimos propietarios, mientras se condena por usurpación a activistas sociales que reclamaban el uso público y social de esa tierra para cooperativismo y

huertos sociales", entre otros.

Por último, han informado de que CGT "va a apoyar a los compañeros hasta las últimas consecuencias y va a seguir reclamando a la Junta el deslinde de esos terrenos, de los que nunca se debió permitir el uso privado por miembros de la aristocracia".