En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha anunciado la aprobación de un paquete de cinco acuerdos, que incluyen los gastos plurianuales para las obras de construcción, la dirección de obra, la de instalaciones y la de ejecución, así como la coordinación de la seguridad y salud de las obras.

El expediente se publicará esta semana en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y en el Boletín del Contratante, para posteriormente anunciarse en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Las empresas interesadas podrán hacer sus ofertas en unos dos meses, a finales de este año, y después se abrirá un periodo de otros dos meses para seleccionar la oferta más ventajosa, que podrá ser reclamada.

Las obras de construcción tendrán un coste de 80.761.460 euros, distribuidos en 11.146.675 euros en 2017, otros 17.292.921 el año siguiente, la misma cantidad en 2019, mientras que en 2020 se invertirán 17.514.471 y otros tantos en 2021. La dirección de obra costará en total 350.900 euros, la de ejecución 302.500 euros, la de instalaciones ascenderá a la misma cantidad y la coordinación de seguridad y salud de las obras tendrá un coste de 121.000 euros.

Celaya ha recordado que el Gobierno de Aragón debe cumplir el objetivo de déficit que establece anualmente el Ejecutivo central y ha subrayado que la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha fijado unas cifras "razonables" en un escenario "complicado". Ha emplazado al Gobierno central a mejorar la financiación de la Comunidad Autónoma.

Ha indicado que el objetivo inicial del Departamento era levantar el nuevo hospital en cuatro años y, de hecho, la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón autorizó el pasado mes de julio un gasto plurianual para cuatro años, "pero a nadie se le escapa -ha insistido- cómo ha ido evolucionando la situación económica" respecto a las cuentas públicas y lo que supone "estar totalmente intervenidos por Hacienda", lo que ha llevado a la Intervención General a no dar el visto bueno a la construcción en cuatro años, sino en cinco, pese al interés en acelerar las obras.

Así, "hemos tomado la decisión de alargar un año porque la situación no nos permite otra cosa y no podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado", ha expresado.

"PECULIARIDAD"

Celaya ha subrayado que el Ejecutivo de Lambán tiene "todo el empeño" en conseguir que el Gobierno de España reconozca la "peculiaridad" de Aragón, que "necesita una cantidad mayor para poder financiar su sistema sanitario", añadiendo que nadie puede decir que "estamos tirando el dinero en otras cosas", sino que concentra todo el gasto en Sanidad, Educación y Ciudadanía.

Asimismo, el consejero de Sanidad ha destacado que en 2009 el gasto medio por habitante en materia sanitaria en Aragón se situaba en 1.525 euros y bajó un 21 por ciento, siendo de 1.214

euros en 2014. Ha propuesto que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para mejorar la financiación de las regiones.

TITULARIDAD PÚBLICA

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha defendido la titularidad pública del nuevo hospital alcañizano, afirmando que la fórmula de colaboración público-privada para la construcción y la posterior gestión del área no sanitaria, que impulsó el anterior Gobierno regional de Luisa Fernanda Rudi, no es eficiente económicamente por ser mucho más caro y dar peores resultados. Ha puesto los ejemplos del Reino Unido y la Comunidad de Madrid.

Vicente Guillén ha dejado claro que el Gobierno de Javier Lambán entiende que esta actuación constituye "una obligación de servicio", mientras que los sectores privados "ven la sanidad como una oportunidad de negocio". Al considerar que la fórmula público-privada era "lesiva" para el servicio que dará el nuevo hospital alcañizano, el Ejecutivo de Lambán paralizó la primera licitación, acordada por Rudi.

Ha expuesto que la colaboración público-privada en el ámbito sanitario tiene un "elevado coste", disparando el gasto entre cinco y siete veces, y ha hecho hincapié en el "escaso control" sobre el gasto y la presencia de "muchas dificultades" para conocer el coste real, ya que "los contratos iniciales suelen ser incumplidos", con los consiguientes incrementos del canon anual que la Administración paga a las empresas contratistas.

Ha hecho notar que los hospitales construidos con esta fórmula "disminuyen de manera notable el personal" y baja la calidad. Ha apuntado que en algunos hospitales británicos se ha detectado un aumento de la tasa de mortalidad. Además, ha agregado, las infraestructuras suelen presentar diferencias "notables" según sean enteramente públicos o público-privados.

El consejero de Presidencia ha comentado, asimismo, que en muchos casos las empresas que conforman las UTE que llevan a cabo los proyectos terminan vendiendo sus participaciones a sociedades internacionales de capital riesgo, que "pueden desaparecer en el momento en que dejen de tener una elevada rentabilidad".

Ha mencionado algunos informes de la OMS y el Comité de Expertos Sanitarios de la UE "que cuestionan la colaboración público-privada", de ahí la apuesta del Gobierno de Lambán por la contratación "estrictamente pública".

Por otra parte, la licitación del nuevo hospital de la ciudad de Teruel se pondrá en marcha una vez el Ejecutivo regional reciba la nueva redacción del proyecto, que debe adaptarse a la nueva normativa en materia de seguridad e instalaciones, lo que ocurrirá en los próximos meses.