El Gobierno turco aumentó este sábado hasta un mes el periodo de detención provisional de sospechosos, para ser interrogados por la policía antes de levantar acusación, en lugar de los cuatro días que regían antes del fallido golpe militar del pasado 15 de julio.

La decisión fue publicada este sábado en el Boletín Oficial, en el primer decreto del gobierno tras el establecimiento del estado de emergencia el pasado miércoles.

Según la nueva disposición, las reuniones de los detenidos con sus abogados podrán ser restringidas por las autoridades, que además podrán grabar y usar las conversaciones entre acusados y abogados.

Solo los cónyuges y los parientes de hasta segundo grado podrán visitar a los arrestados.

Además, se decretó que el personal encargado de llevar a cabo las decisiones tomadas bajo el estado de emergencia no podrá ser responsabilizado por sus prácticas, y que por ello no se les impondrá ningún tipo de pena legal, administrativa o financiera.

El decreto entró este sábado en vigor y ninguna de las decisiones comunicadas en el mismo podrán ser frenadas por ningún tribunal.

El periodo de detención provisional había sido ya ampliado este viernes de 4 a 7-8 días, en la primera medida tomada por el gobierno al amparo del estado de emergencia.

"En la primera fase, el periodo de arresto (antes de acusación) será de 7-8 días; si hace falta pensamos que se podrá prorrogar", había dicho el viernes el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, al anunciar esa decisión.

Según el ministro del Interior, Efkan Ala, un total de 10.607 personas habían sido detenidas hasta este viernes por sospecha de estar vinculados a la intentona golpista o a las redes del predicador islamista exiliado en Estados Unidos Fetullah Gülen, a quien el gobierno acusa de haber orquestado el fallido golpe de Estado.

El texto además ordena el cierre de 1.043 escuelas privadas, 1.229 fundaciones y organizaciones de ayuda, 19 sindicatos, 15 universidades y 35 instituciones médicas, según la agencia de noticias oficial de Turquía, Anatolia. Estos cierres se suman a la cancelación de las licencias de veinte emisoras de radio y televisión supuestamente  vinculadas a los golpistas.

Todas estas instituciones guardarían relación con el clérigo Fetulá Gulen, exiliado en Estados Unidos y acusado por Erdogan de estar detrás del golpe de Estado fallido perpetrado el 15 de julio. Turquía reclama la extradición de Gulen para juzgarle por sus presuntos delitos.

Erdogan declaró el estado de emergencia a última hora del miércoles para agilizar y facilitar la respuesta de las autoridades tras el golpe. El Gobierno, no obstante, también ha emprendido una amplia purga en distintos organismos públicos que suma ya decenas de miles de detenidos o cesados.