La Guardia Civil ha detenido este miércoles al interventor y al secretario del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en una operación en la que el juez indaga si el dueño del grupo empresarial GBI, también arrestado, hizo cuantiosas donaciones a la fundación Catdem, vinculada a CDC, a cambio de adjudicaciones irregulares.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en la operación, que sigue abierta, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes (Girona) investiga una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas a medida, en beneficio del grupo GBI.

El propietario de la compañía, Gustavo Buesa, que este miércoles también ha sido detenido, es uno de los principales donantes de la Fundación Catdem, afín a CDC, y permanece imputado por la Audiencia Nacional por presunto pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, con quien comparte algunos negocios.

En la operación, en la que se ha registrado la sede de GBI y el Ayuntamiento de Lloret, se ha detenido tanto a Buesa, que este jueves pasará a disposición judicial, como al secretario municipal y al interventor del consistorio, que ya han quedado en libertad a la espera de ser citados por la justicia próximamente.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que coordina el dispositivo, la investigación se centra en la contratación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Lloret de Mar, un tradicional feudo de CiU y ahora de CDC, a empresas del grupo GBI por servicios relativos a la recogida de basuras y limpieza de playas y de gestión y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales.

La Guardia Civil sostiene que estas supuestas irregularidades se extienden "a escala provincial o incluso autonómica" y que se investiga también si pudo haber "cuantiosas" donaciones a favor de determinadas fundaciones. Fuentes de la investigación han precisado que las sospechas se centran en las donaciones que Buesa ha hecho en los últimos años a la fundación Catdem, vinculada a CDC, y que el propio empresario ha reconocido públicamente porque se define como "catalanista y demócrata".

En una comparecencia en la comisión de investigación del Parlament sobre el 'caso Pujol', Buesa admitió en marzo de 2015 que había realizado varios negocios con Jordi Pujol Ferrusola, en México y en Tivissa (Tarragona), y que había hecho donaciones a la Catdem además de conceder un préstamo de 50.000 euros a UDC —los antiguos socios de Convergencia en la ya desaparecida coalición CiU—.

El juez también investiga, según las fuentes consultadas, presuntos tratos de favor por parte de GBI a familiares de cargos municipales a cambio de que intercedieran para facilitar que en 2011 el grupo se adjudicara el contrato del servicio de basuras.

La investigación arranca del caso Clotilde, en el que fue condenado a nueve años de inhabilitación el exalcalde de CiU Xavier Crespo por aceptar regalos de un supuesto mafioso ruso a cambio de facilitar sus proyectos urbanísticos en Lloret de Mar. En el marco de aquella investigación, se descubrió una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas y publicadas a medida, en beneficio de GBI Serveis, a través de un "complejo entramado de sociedades mercantiles con ramificaciones en otros países", según la Guardia Civil.

Entre las adjudicaciones sospechosas a GBI Serveis se investiga el contrato de servicios de basura por 7,9 millones de euros anuales que el Ayuntamiento de Lloret le concedió de urgencia en 2011, en el último pleno del mandato de Xavier Crespo, por un periodo de diez años, lo que suponía unos ingresos para el grupo de cerca de 80 millones.

En las pesquisas realizadas sobre este contrato se desprende, según la Guardia Civil, que GBI se apropió de medios materiales propiedad del consistorio de Lloret, parte de los cuales habrían sido transferidos a terceras personas o utilizados por el grupo en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso en el extranjero. Otro de los contratos bajo sospecha, según la Guardia Civil, es el que GBI consiguió por valor de casi 30 millones para la construcción del centro de tratamiento de residuos municipales de Lloret de Mar.

En la investigación se acusa a los detenidos de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude, apropiación indebida y tráfico de influencias, entre otros. Con la operación aún en marcha en Lloret, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido que la corrupción existe, pero ha censurado a los que intentan "ensuciar" al independentismo "fabricando pruebas" y usando "recursos públicos", en alusión al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Por contra, la líder de Ciudadanos (C's), Inés Arrimadas, ha solicitado la comparecencia del presidente catalán sobre este caso, mientras que el del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que "por mucho que CDC intente cambiar su nombre y su pasado, la sombra del pujolismo le sigue persiguiendo".

El alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha expresado la plena disposición del consistorio a facilitar estos documentos, y ha añadido que, desde que accedió al cargo el pasado año, "las cosas se hacen de manera seria, honesta y equidistante".

"Tranquilidad absoluta en ese sentido", ha añadido Jaume Dulsat, quien ha afirmado que nunca ha leído "a fondo" esos expedientes, ya que se dedica a la gestión diaria del Ayuntamiento, pero ha expresado su confianza en que se hicieron "como corresponde".

Dulsat desconoce de qué se acusa al secretario e interventor, a los que ha calificado como "dos funcionarios de peso", y ha subrayado que, en todo caso, él no puede responder de unos documentos de hace cinco y nueve años.

El máximo responsable del Ayuntamiento de Lloret de Mar espera que se recupere la normalidad "cuanto antes", y ha recordado que un municipio donde el motor principal es el turismo se encuentra ahora en plena temporada.

Jaume Dulsat se ha mostrado convencido de que la operación policial "no tiene nada que ver con la Clotilde", que supuso la condena del exalcalde de esta misma localidad y exdiputado de CiU Xavier Crespo por aceptar regalos de la mafia rusa, aunque ha advertido que no se puede aventurar por falta de información.

Dulsat ha criticado por último las filtraciones que se han producido de esta investigación, ya que "la Guardia Civil se ha personado antes de las 08.00 horas perfectamente coordinada con algunos compañeros de prensa que ya estaban cuando han llegado".