El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad varios preceptos de la ley con la que la Generalitat de Cataluña pretendía regular las estructuras de un futuro e hipotético Estado independiente catalán. Tras dos días de pleno, los magistrados han llegado a un acuerdo sobre el tercer borrador de la sentencia que había elaborado el juez Santiago Martínez Vares.

La sentencia adoptada por el pleno del tribunal de garantías del Constitucional se notificará en los próximos días.

La creación de esas citadas estructuras estaban contempladas en una ley que el Parlamento de Cataluña aprobó el año pasado. En ellas se preveía la creación de una Hacienda propia, una seguridad social independiente y planes de control para estructuras estratégicas.

El Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra siete de los preceptos de la ley de Medidas Fiscales que fue la que se utilizó para la creación de las citadas estructuras.

En septiembre pasado admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra el artículo 4 de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, lo que supuso la suspensión cautelar automática de ese artículo.

La llamada Agencia Tributaria de Cataluña es uno de los estamentos clave en los que había trabajado el Gobierno de Artur Mas en los últimos años para apuntalar su órdago soberanista. Es una "estructura de Estado" clave para los partidos independentistas.

La portavoz del gobierno de la Generalitat, Neus Munté, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha asegurado que "las consecuencias de la sentencia serán mínimas".

Munté ha recordado que la sentencia "anula unas leyes que son de antes del 27-S cuando hubo elecciones en Catalunya y surgió un Parlament que tiene un mandato claro". Por tanto, según Munté, la Agencia Tributaria no está suspendida y sigue vigente porque está en el Estatut.

Y ha aseverado que "la afectación real es nula. Seguimos con nuestro compromiso firme en la construcción de estructuras de Estado, tiramos adelante con la construcción de la Agencia Tributaria y de la Agencia de Protección Social".

Según Munté, la sentencia del TC "no es ninguna sorpresa porque viene de una decisión política del Gobierno central contra todo aquello que suponga tirar adelante estructuras de Estado en Catalunya. Nosotros no vemos ninguna ilegalidad".