El Juzgado había archivado la denuncia en enero y ahora decreta finalmente la reapertura de la causa al admitir que "se podría acreditar la perpetración del delito", según EA, que ha explicado que ha sido necesaria la intervención del Ministerio Fiscal que estimaba su recurso por indefensión al haberse archivado el procedimiento penal sin notificación alguna.

La tipificación penal se centra en los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (contaminación atmosférica, aguas, terrenos y alimentos), además de incendio e imprudencia grave.

El querellado es Adolfo López Aguayo, como administrador único de RMD, y la acción se extiende a los posibles responsables físicos de la mercantil que a resultas de la instrucción figuren como responsables de los hechos, sin perjuicio de los responsables físicos de la Administración Autonómica (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) u otras que resulten.

Para la constatación del daño ambiental, Ecologistas ha asegurado que cuenta ya con informes que lo acreditan.

Así, respecto al agua de extinción, vertida hacia el valle de Antimio de Abajo, los análisis practicados por la CHD arrojan niveles muy altos en algunos parámetros, de forma que pueden haber producido contaminación en los propios cauces.

El análisis de los pastos y cultivos, cuyo muestreo realizó la Junta a petición de los vecinos de Antimio de Abajo, arrojaron notable contaminación en la uva, la hierba y el suelo, incluso, en algún caso, en proporción doce veces mayor al umbral de intervención estipulado por la Comisión Europea, con una exposición a la población a un grave riesgo sanitario, según el colectivo ecologista.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

De las más de 12.000 toneladas de neumáticos que esta asociación calcula que se quemaron, se habrían emitido al aire toneladas de contaminantes como dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP), metales pesados, etcétera, muy peligrosos para el medio ambiente y las personas, incluso cancerígenos.

Estas emisiones se han podido comprobar en el incendio de Seseña, donde las mediciones de HAP en el barrio más próximo al incendio, El Quiñón, han alcanzado niveles muy altos de contaminantes como el benzopireno.

Este compuesto está clasificado como carcinógeno de tipo 1 (el más alto) para humanos según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El valor límite legal para el benzopireno es 1 ng/m3 de media anual, es decir, 1 mil millonésima de gramo de esta sustancia por metro cúbico de aire. Los niveles alcanzados en algunos momentos, en el Quiñón, multiplican por 20 este valor límite.

Para esta valoración, La Junta de Castilla-La Mancha se basó en los análisis que realizó el Instituto de Salud Carlos III, con captadores de partículas (PM10 y PM2,5) ubicados en el colegio público El Quiñón.

En el incendio de RMD, La Junta no ha facilitado aún, después de solicitados por tres veces, los análisis de las partículas en suspensión de los captadores colocados (aunque incorrectamente situados en relación a los vientos dominantes). Por ello, se solicitarán judicialmente, pues los informes facilitados hasta la fecha son incompletos.

Independientemente del origen del fuego en RMD, accidental o provocado, "sin duda los efectos se vieron multiplicados por el incumplimiento de la normativa de almacenaje de neumáticos", impuesta en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso, al tener los neumáticos acumulados en

"montañas" de ocho a diez metros de altura, cuando el Decreto cifra la altura máxima en tres, según los ecologistas.

De la misma forma, el colectivo ha asegurado que "todo parece indicar" que se carecía de un sistema de prevención y extinción de incendios acorde al riesgo, como exige la normativa, lo que hizo imposible detener el fuego en los primeros momentos, lo que "multiplica" el daño ambiental.