La jueza que investiga la red de fraude de la cadena dental Vitaldent ha citado para este lunes a cinco responsables de la empresa en calidad de investigados, entre ellos, Jordi González, exdirector financiero del grupo, y Andrés Jesús de la Cuerda, persona de confianza del propietario, Ernesto Colman.

En una providencia, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda, en Madrid, llama también a Miguel García, exsuegro de Colman; a Julio César Fraile, encargado de realizar las obras de instalación y montaje de las clínicas; y a José Eugenio Lillo, director del franquiciado de Murcia y que guardaba una relación directa con la cúpula de la empresa.

De entre todos ellos sobresale Jordi González Burgara, quien fue la persona que contrató la cúpula de Vitaldent para preparar el terreno de cara a conseguir el préstamo de 100 millones de euros del fondo ICG.

También destaca Andrés Jesús de la Cuerda, considerada una de las personas de confianza de Colman para todo, como la recogida de dinero B o en la elección de localización de las clínicas.

Todos los citados han sido llamados a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la declaración como investigados de 13 responsables de la empresa, ocho de los cuales ya lo han hecho, entre ellos, el exdirector general, Oscar Miguel Salamanca, y la exportavoz de la compañía y responsable de Opendent —la red de clínicas propias de Vitaldent— Ana Capistegui.

Los ocho negaron ante la jueza tener conocimiento de la existencia de una caja o contabilidad B de Vitaldent con dinero en efectivo. Es más, subrayaron que todas las operaciones se hacían de forma legal, mediante transferencias bancarias y de manera regular.

De esta forma, se desvincularon de la presunta red de fraude que encabezó el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, quien supuestamente conseguía 17,2 millones de euros en B anuales solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.

Eso sí, quisieron dejar claro que la contabilidad era un asunto que Colman manejaba personalmente, a quien responsabilizaron de cualquier presunta irregularidad en las cuentas de la compañía.

La jueza considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes, pacientes y la propia Hacienda".

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10% de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.