El Gobierno regional ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Regional para acordar una modificación en la Ley de Presupuestos con el fin de asignar dinero a las obligaciones que fueron introducidas en el articulado por la oposición y que no estaban reflejadas en el estado de gasto.

Entre estas obligaciones se encuentra la devolución de la paga extra en enero de 2017; así como el pago de los meses de verano a los interinos docentes; y el levantamiento de la suspensión de las ayudas de acción social, según ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De esta manera, el Consejo de Gobierno ha analizado una vez más la repercusión de las enmiendas de los grupos parlamentarios en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y se ha centrado en estas cuestiones que necesitan de una modificación de la Ley de Presupuestos y que el Ejecutivo no puede solventar con transferencias o modificaciones entre partidas, como se ha hecho en otros casos.

En concreto, se ha referido a las obligaciones que se introdujeron en el texto del articulado de la Ley de Presupuestos "sin que estuvieran reflejadas en el estado de gasto" y, por tanto, "sin crédito asignado".

A la vista de este análisis y puesto que dicha modificación de la Ley tiene que pasar por la Asamblea Regional antes de que comiencen las vacaciones estivales, el Consejo de Gobierno ha decidido iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos representados en la Asamblea Regional para acordar con ellos una solución consensuada para llevar a cabo dicha modificación de la Ley.

BLOQUEO EN LAS PARTIDAS DE LAS CONSEJERÍAS

Sería una modificación "necesaria y responsable", según Arroyo, quien ha recordado que las obligaciones carecen de presupuesto, y para garantizar ese dinero, el Gobierno murciano ha tenido que bloquear algunas partidas de los Presupuestos que afectan a todas las consejerías y que ascienden a un total de 64 millones de euros, lo que tiene "algunas consecuencias".

Entre las consecuencias más importantes, Arroyo ha citado los capítulos que están bloqueados a los ayuntamientos de la Región, además de otros sectores que "también están sufriendo las consecuencias por tener bloqueadas esas partidas para poder garantizar y respaldar las medidas incluidas en el articulado y que carecen de presupuestos".

"Tendremos que decidir de dónde se quita el dinero y dónde se pone", puesto que "no hay más recursos económicos, no hay más ingresos y la Ley de Presupuestos tiene la dotación económica que es la que es", según Arroyo.

La portavoz del Gobierno murciano ha recordado que la Ley de Presupuestos establece que los ayuntamientos que no hayan invertido las subvenciones que se les han entregado para realizar obras, tienen que devolver el dinero antes del 30 de junio, y la Comunidad Autónoma "quiere evitar esa situación" modificando la Ley y prorrogando la devolución un año más.

En concreto, el Ejecutivo necesita la modificación de la Ley, un trámite que "tiene que pasar obligatoriamente por la Asamblea Regional". Por tanto, Arroyo explica que se trata de una cuestión que "tenemos que afrontar ya mismo, una vez pasadas las elecciones generales y tal y como acordamos con los grupos parlamentarios", con los que se acordó que ésta era "la mejor fecha".

La modificación de la Ley de Presupuestos no cuentan con un límite legal establecido, pero Arroyo recuerda que las partidas están bloqueadas por si el Ejecutivo tiene que respaldar esas actuaciones incluidas en el articulado. Por tanto, "lo importante es que se haga cuanto antes, porque los ayuntamientos de la Región sí que están atravesando una situación complicada", advierte.

De hecho, los ayuntamientos se están poniendo en contacto "cada día" con las diferentes consejerías para que se desbloqueen las partidas de las que ellos dependen para realizar sus actuaciones.

En este sentido, Arroyo ha explicado que la Consejería de Presidencia, que es la que coordina la labor de gobierno, se ha reunido con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, puesto que son los ayuntamientos los que "están sufriendo en mayor medida las consecuencias del bloqueo de las partidas".

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN

A este respecto, ha destacado que el Gobierno regional está pendiente de convocar la Mesa General de negociación previsiblemente el próximo mes de julio para tratar asuntos como, por ejemplo, la carrera profesional, porque según ha mencionado el presidente, Pedro Antonio Sánchez, "hay voluntad de recuperarla" pero "siempre y cuando se pueda llevar a cabo dentro de las limitaciones presupuestarias existentes".

Además, considera que el Gobierno regional ha tomado muchas decisiones este año y que "mejoran las condiciones de los empleados públicos". El Gobierno, según Arroyo, "va a seguir recuperando de manera ordenada los derechos de los empleados públicos y en cada presupuesto se irán incorporando algunas de esas medidas".

Con todo, Arroyo ha destacado que ha habido decisiones importantes que "ya ha incluido el Gobierno regional en este Presupuesto, por un montante de 70 millones de euros, como la subida del 1 por ciento; la devolución de la paga extra de 2012 correspondiente al 38 por ciento; el hecho de que se recuperara el salario íntegro a los 21 días y no a los 41 días cuando se encontrara en situación de incapacidad temporal".

Asimismo, Arroyo ha recordado que el Gobierno regional recuperó el mismo nivel del Estado en cuanto a días de libre disposición y días por antigüedad; al tiempo que se pactó en octubre de 2015 con la mayoría de los sindicatos "otras condiciones a recuperar como, por ejemplo, lo que resta de la devolución de la paga extra en enero de 2017".

Además, el Ejecutivo autonómico ha empezado a recuperar "algunas de las ayudas de acción social en funcionarios como, por ejemplo, las ayudas a hijos con discapacidad y los préstamos reintegrables a los funcionarios, que son a coste cero, sin intereses", cuando una entidad financiera aplica un interés del ocho o nueve por ciento.

"Este Gobierno ya ha demostrado con hechos y con decisiones importantes que en este Presupuesto se ha recuperado el nivel del poder adquisitivo de los funcionarios públicos y, de forma ordenada, seguiremos

incluyendo algunas modificaciones", ha asegurado Arroyo.

En el caso de la carrera profesional, ha puntualizado que su aplicación "debe ser acorde a un presupuesto y debemos tener dotación para ello". Su aplicación, señala, "no puede ser a costa de mover partidas, porque tienen graves consecuencias y eso es lo que hay que intentar evitar".