Navarro ha realizado este aviso al recordar que las licencias "son actos reglados y no se puede votar en contra" y ha reiterado que "no puede haber acuerdo político en no conceder la licencias porque en tal caso, como pide el alcalde, se estaría prevaricando y no encontrará el apoyo del PP para incumplir la ley".

De este modo se ha referido al auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ha rechazado "por improcedente" la petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de decretar medidas cautelares que permitieran suspender el procedimiento de concesión de la licencia de derribo de la antigua factoría Averly mientras se determina la ampliación de la protección de las naves no catalogadas.

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común había solicitado que se suspendiera cautelarmente la orden del Gobierno de Aragón que protegió una parte de los inmuebles de Averly. El consistorio pretendía que el tribunal ordenara suspender la tramitación de la licencia de derribo de los edificios no catalogados, solicitada por la empresa Brial, mientras el TSJA resuelve si esa catalogación es suficiente o debe ampliarse a todas las instalaciones.

En rueda de prensa, Navarro ha recalcado que el auto judicial es "extremadamente contundente" porque "acusa al ayuntamiento de fraude procesal" y ha considerado que es un "varapalo judicial y reprueba al alcalde y al concejal de Urbanismo" de los que ha recordado que "ambos son abogados".

URBANISMO IDEOLÓGICO

Navarro se ha mostrado convencido de que finalmente se concederá la licencia de derribo y ha sido contundente al indicar que "creo que el alcalde es un excelente abogado" y ha apostillado que "no tengo duda de que, con sus conocimientos jurídicos, se concederá y no puede haber más dilación".

Ha discrepado de que el equipo de gobierno intente 'salvar Averly' sino que "solo pretenden dilatar de forma innecesaria un procedimiento y además nos va a costar dinero". Al respecto, ha recordado que los propietarios de Averly ha interpuesto una querella por daño patrimonial que ha sido admitida a trámite y "lo más grave es que nos costará dinero y además se daña la imagen de la ciudad"

Para evitar ese daño, Navarro ha avanzado que intentará presentar una moción de urgencia al pleno de este viernes, con el apoyo del resto de los grupos municipales, que permita debatir sobre los perjuicios que está ocasionando el "urbanismo ideológico" de Santisteve y Pablo Muñoz.

También ha pedido que sea ZEC el que abone las costas procesales a las que el TSJA condena a pagar al Ayuntamiento en el auto y que todavía está por determinar la cuantía.