Caminar por la calle y encontrarse con un grupo de personas vaciando los contenedores de reciclaje de papel y cartón se ha convertido en una escena habitual en la ciudad de Madrid en los últimos años. La proliferación de esta actividad delictiva ha mermado enormemente la cantidad de estos materiales que el Ayuntamiento recupera anualmente para su posterior tratamiento. En concreto, el año pasado se recogieron 28.326 toneladas de papel y cartón, un 63% menos que en 2009, cuando se obtuvieron de los contenedores 77.604. Respecto a 2014, la bajada fue del 11,7%. El Ayuntamiento estima que actualmente se puede estar robando más del 40% del cartón y papel en la capital.

La crisis económica ha llevado a muchas personas a recurrir a esta práctica para ganarse la vida. La razón de enfocar sus esfuerzos en esta actividad es que el precio del papel y cartón ha experimentado un notable crecimiento, lo que ha hecho muy rentable el hurto. Según datos de la Asociación Española de Frabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la organización más representativa del sector, el precio medio de la tonelada de papel y cartón fue de 70,8 euros el año pasado frente a los 30,9 euros de 2009, lo que supone un 129% más. 

"Estamos observando como la economía sumergida está desplazando a las empresas de gestión de residuos que operan legalmente y crean miles de puestos de trabajo en el llamado empleo verde", critica David Barrio, director de reciclado y logística de Aspapel, quien explica que ante el descenso del volumen de recogida muchas empresas optan por reducir la frecuencia de recogida: "El final es que la empresa se ve obligada a despedir a gente".

Sin embargo, el hurto no es la única causa del descenso en la recuperación de papel y cartón. La rentabilidad de este material también está resultando atractiva para las empresas. "El precio del cartón comercial está llevando cada vez más a que las empresas opten por hacer el reciclaje para venderlo a gestores privados", ha apuntado el director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento, Víctor Sarabia, en una comisión de Medio Ambiente y Movilidad. A todo esto habría que añadir otro factor consecuencia de la crisis: "La caída del consumo ha provocado la generación de menos residuos", afirma Barrio, director de reciclado de Aspapel.

Para combatir este fenómeno, el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado la instalación, como experiencia piloto, de contenedores antihurto. Estos recipientes están diseñados con un acceso más alargado en las bocas para impedir o dificultar el hurto de papel y cartón en los contenedores tipo iglú. Esta iniciativa parte de un concurso que puso en marcha en septiembre de 2015 Ecoembes y Recipap, donde finalmente se seleccionaron tres propuestas. 

A partir de junio, y hasta octubre, se probarán en la calles de la capital 66 unidades de carga superior de diez modelos diferentes y cinco fabricantes. Los contenedores se colocarán en el barrio de Salamanca, Tetuán y Vallecas. Para la elección de los puntos concretos en los que se ubicarán los recipientes se ha tenido en cuenta la cantidades recogidas en esos sitios, reboses, hurtos detectados y vandalismo.

El Consistorio ha anunciado como medida complementaria para frenar los robos la ampliación del servicio de recogida de cartón puerta a puerta, que fue eliminado por el anterior Gobierno municipal del PP: si entonces sólo actuaba en la almendra central ahora se hará en toda la ciudad.

La Policía Municipal es otro de los actores necesarios para poder frenar esta problemática. Los agentes suelen controlar este tipo de actuaciones de delictivas y sancionarlas. El problema es que la gran mayoría de las multas no suelen cobrarse al tratarse de personas insolventes. Las sanciones por "manipular o extraer residuos de los recipientes de recogida de residuos" son consideradas como una falta  grave, por lo que su cuantía oscila entre los 751 y los 1.500 euros, según figura en el punto 6 del artículo 33 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos. Sin embargo, si los contenedores son dañados al intentar extraer su contenido, la multa podría doblarse hasta los 3.000 euros, al considerarse un acto muy grave.