La Justicia de Honduras dictó este viernes prisión preventiva y auto de formal procesamiento contra el quinto presunto implicado en el asesinato, el pasado 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos y ecologista Berta Cáceres.

Un portavoz del tribunal encargado del caso dijo a la prensa que se dictó contra el sospechoso, identificado como Emerson Duarte, "auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva". Duarte fue detenido junto a otros cuatro hombres, incluido su hermano gemelo Edilson Duarte, el 2 de mayo, en una operación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El sospechoso fue requerido judicialmente el día 6 por el Ministerio Público, debido a que tenía en su poder un arma, un revólver calibre 38, con la que habría sido asesinada Cáceres. Emerson Duarte es acusado de los delitos de "asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido", añadió el portavoz judicial.

Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza (oeste de Honduras), donde residía, al parecer por dos hombres armados, un crimen que ha sido repudiado a nivel nacional e internacional.

En el ataque resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen. Otros cuatro implicados comparecieron ante un juzgado de Tegucigalpa el 6 y el 7 de mayo y les fue impuesta también prisión preventiva y se dictó en su contra auto de formal procesamiento por el asesinato de Cáceres.

Esos cuatro acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Los familiares de Cáceres piden que se capture a todos los autores intelectuales y materiales del crimen, en el que, según sus denuncias, también están implicados empresarios y políticos. Además, exigen la creación de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no creen en las investigaciones de las autoridades hondureñas.