David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados de hacerse con el 20% de las operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en Valdemoro cuando éste era alcalde, a través de una sociedad en la que figuraba la mujer de su jefe de gabinete Ignacio Palacios.

Durante las 13 horas de confesión ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, Marjaliza explicó que cuando Granados llegó a la alcaldía él era un "promotor mediano" y como la política del suelo "depende de la potestad municipal empezamos una relación más fluida".

Fue entonces, prosigue Marjaliza, cuando Granados le propuso aliarse con otro promotor mayor de la zona, Ramiro Cid Sicluna, para crear juntos una sociedad inmobiliaria en Valdemoro, cuyo nombre no llega a recordar porque después la vendió y alegó además llevar ocho meses "perdido", aludiendo a su estancia en prisión, de dónde salió unos meses después tras abonar 100.000 euros de fianza.

"Ahí empieza el tema", destaca Marjaliza, al relatar que finalmente la sociedad la constituyó con ese promotor y la mujer del jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, a la que correspondía un 20% de las ganancias, si bien ese dinero era realmente para el exconsejero madrileño, que se hizo con entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda entre 1999 y 2007.

Marjaliza también a Francisco Granados de cobrar comisiones para financiar las campañas electorales que la formación regional organizó en 2007 y 2011.

Tras ser preguntado sobre si Granados fue partícipe en la recepción de comisiones para financiar campañas electorales, Marjaliza respondió: "No lo he visto nunca, pero supongo que sí por comentarios que él hacía, hay que pagar esto o lo otro".

En ese momento, el juez y las fiscales Anticorrupción pidieron su colaboración para descifrar las iniciales que acompañaban a las salidas y entradas de dinero anotadas en la agenda que el antiguo 'número dos' de Esperanza Aguirre guardaba su domicilio.

"Creo que esa letra es de Granados. Me suena que 'JLM' puede ser Javier López Madrid, que 'BG' será el gerente del partido a nivel regional, 'NP' puede ser Nacho Palacios -jefe de gabinete de Granados-", interpreta el constructor.

En su opinión, la palabra 'ME' podría hacer referencia al propio Granados, quien podría haberse apropiado de parte del dinero. "Podría ser él. En estos casos, como se dice siempre, el que parte y reparte se lleva la mejor parte", agregó.

Marjaliza desveló al juez la destrucción de buena parte de la documentación sobre el funcionamiento de la red tras ser avisado por Granados de que le estaban investigando. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", confesó.

El empresario explica que el exconsejero de la Comunidad de Madrid le alertó de que les investigaban. Cuando le preguntan por ese aviso, el empresario afirma que destruyó "todo", carpetas de la Comunidad de Madrid, la lista de las obras y las empresas que podían ser adjudicatarias y "todo lo relacionado con esto".

"Me ayudó gente de mi oficina. Llenamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", afirma ante la sorpresa de los interrogadores.

Marjaliza asegura que le entró "el pánico" y metió "todo lo que pillaba". "No deje nada, dejé lo poquito que tienen ustedes".

Granados avisó a Marjaliza a comienzos de septiembre de 2014 después de que un guardia civil le dijera en una conversación "con muchas copas" que investigaban "a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto".

"Blanco y con asas", le indicó Granados, quien le animó a romper "cualquier cosa" que tuviera sobre una relación de años, pues empezaron a trabajar juntos cuando el político era alcalde de Valdemoro.

El juez mantiene bajo secreto la pieza en la que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, en la que imputa presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales al empresario Javier López Madrid y al exgerente regional Beltrán Gutiérrez.

Velasco dejó el pasado 30 de diciembre en libertad al empresario de la construcción David Marjaliza, después de que pagase la fianza de 100.000 euros que le impuso tras haber adoptado una "dinámica de colaboración" con la Justicia, que ha permitido recuperar activos de origen delictivo y disponer de "evidencias documentales incriminatorias".

Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros, la presencia en unas 150 empresas e incluso la construcción de un zulo para ocultar "obras de arte y dinero", está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.

Estos delitos se atribuyen también al exconsejero madrileño Francisco Granados, el único de los miembros de la trama que permanece en prisión.