El Gobierno canario formará a funcionarios para que los contratos externos incluyan cláusulas sociales

  • La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, inaugurará mañana miércoles a las 16.00 horas en la sede del Instituto Canario de Administración Pública, (ICAP), en Santa Cruz de Tenerife, un seminario sobre cláusulas sociales y transparencia.
Patricia Hernández
Patricia Hernández
CARLOS GONZÁLEZ
Patricia Hernández

El encuentro está dirigido a funcionarios de las diferentes administraciones y que tiene como objeto dar a conocer las diversas tipologías con las que las contrataciones públicas externas pueden primar la integración social y laboral, la igualdad, la defensa del medio ambiente y la reducción de la pobreza.

Cerca de un centenar de funcionarios de las diferentes administraciones públicas canarias participarán en el seminario que ha programado el departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias como antesala a la redacción de una norma autonómica que dará rango de ley a las contrataciones socialmente responsables.

El objeto del seminario es formar a los empleados públicos sobre las distintas modalidades que ya contiene la normativa actual para que los contratos de la administración contengan criterios de responsabilidad social como son la inserción socio-laboral, discapacidad, entidades sociales, perspectiva de género, calidad en el empleo, accesibilidad, comercio justo, condiciones laborales, desarrollo local, economía social y solidaria, entre otros.

El seminario, de tres horas de duración, será impartido por el experto en la materia y licenciado en Derecho, Santiago Lesmes, que profundizará sobre las ventajas y beneficios directos de la contratación socialmente responsable.

También se realizará un análisis jurídico de las posibilidades de la contratación socialmente responsable, se analizará cómo superar los obstáculos que puedan surgir y mostrará las mejores prácticas que se realizan en las administraciones públicas.

La Consejería elabora en la actualidad una normativa específica que tras su aprobación propiciará que las contrataciones de la Comunidad Autónoma con empresas externas contengan claúsulas sociales.

La publicación de esta normativa específica favorecerá que las contrataciones estén guiadas por criterios que primen la calidad del empleo, las condiciones laborales, la integración de personas con discapacidad o la perspectiva de género.

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