El Tribunal Supremo ha citado como investigados para que declaren este lunes a tres exaltos cargos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), quienes comparecerán en el marco de la pieza derivada del 'caso Gürtel' en la que está imputada la exalcaldesa y diputada del PP, María José García Pelayo.

Los comparecientes declararán como imputados sobre su etapa con García Pelayo, aunque no se les investigue en esta pieza abierta en el Supremo que afecta a la diputada.

José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez; Lourdes Montenegro, técnico municipal, y Manuel Báez Guzmán, exsecretario del Consistorio, comparecerán a petición del fiscal.

Los tres están procesados en relación con la trama Gürtel de Jerez, aunque no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. En ese contexto el fiscal pide para ellos siete años de prisión por prevaricación, falsedad documental y fraude.

Además de ellos, comparecerán como testigos otros dos funcionarios municipales.

El Supremo ya interrogó a varios exaltos cargos de García Pelayo. Los declarantes fueron el exteniente de alcalde Bernardo Villar de Lanuza, que era también delegado de Promoción Ciudadana, y los miembros del gabinete técnico de la exalcaldesa María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto.

La diputada y exsenadora popular negó el pasado 22 de febrero, en la causa abierta para investigarla en el Supremo, haber firmado cuando era alcaldesa de Jerez contratos de adjudicaciones aparentemente irregulares a empresas de la Gürtel.

El Supremo abrió en septiembre de 2015 una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama de eventos de Fitur 2004.

Los contratos citados presentan "groseras irregularidades", según el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Este magistrado, el mismo que procesó a los tres exaltos cargos que declararán este lunes, fue quien elevó al Supremo una exposición razonada al haber aparecido indicios contra la aforada, exposición que derivó en la apertura de una causa que podría llevar al alto tribunal al archivo o a pedir el suplicatorio para encausar a García Pelayo.

En el auto en el que aceptó abrir causa contra García Pelayo, la Sala de lo Penal del Supremo reconocía "la trascendencia de los indicios" que existen para implicarla.