La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, ha constatado 541 casos más de "vulneración del derecho a la salud", con la exclusión de la sanidad pública, desde agosto de 2015, entre las que hay 36 niños.

Estas 541 personas a las que se les ha denegado el acceso a la sanidad se suman a los 1.500 casos constatados por esta Red desde enero de 2014, según datos de estas organizaciones, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia, la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública o Cesida.

Cuando se cumplen justo este miércoles cuatro años desde la aprobación de la reforma sanitaria "que supuso la exclusión de cientos de miles de personas del sistema público de salud", la Red presenta los más de quinientos casos recopilados en los últimos seis meses.

Las barreras administrativas y la falta de información son las causas de más de la mitad de las exclusiones, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia.

Y la mayoría de los casos se han producido en los centros de salud, hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aseguran.

Los datos, recogidos por las organizaciones que integran la red, incluyen incumplimientos de la propia normativa, como demuestran, aseguran, los 36 caso de niños a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria, las 47 incidencias en urgencias -por negación de asistencia o por intento de cobro de ésta- y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.

Quienes sufren los efectos de esta norma proceden de países latinoamericanos (49 %) y comunitarios (22 %), seguidos de subsaharianos (13 %).

Con estos datos denuncian que cuatro años después de la aprobación de la reforma el problema sigue siendo la vigencia de esta norma que califican de "arbitraria e injusta".

Y recuerdan que ha sido contestada desde el ámbito sanitario, criticada por organismos internacionales y rechazada por catorce de las diecisiete comunidades autónomas, que han aprobado algún tipo de medidas "paliativas" para contrarrestar sus efectos.

No obstante, Reder advierte de que las comunidades carecen de competencia para revertir la "profunda" modificación del sistema sanitario que supuso la reforma de 2012.

Es decir, que no tienen competencias "para devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el actual gobierno a más de 800.000 personas".

Denuncian, además, que las personas en situación regular que han llegado a España en los últimos cuatro años a través de un proceso de reagrupación familiar "se encuentran en un laberinto jurídico".

Se trata, indican, de ancianas, con hijos que residen legalmente en España y a las que se les deniega la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012.

Un colectivo en el que Reder tiene identificadas a veinte personas de avanzada edad que se ha quedado "absolutamente al margen" del sistema sanitario, sin acceso a servicios "con el consiguiente sufrimiento y riesgo vital que ello conlleva".

Rosa M. Sosa: "Debería tener cardiólogo y médico de cabecera, pero no los tengo"

Rosa, de 71 años y procedente de Uruguay, lleva residiendo en España 11 años, junto a su hija y nietas. Padece una enfermedad cardiovascular crónica y, aunque lleva más de tres años empadronada y tenía tarjeta, desde la reforma no puede acceder nada más que a Urgencias. Además, debido a su enfermedad ha necesitado algunas consultas por las que ha recibido avisos de facturación, pero no tiene dinero para hacer frente a estos gastos.

Después de una operación de urgencia, los médicos derivaron su seguimiento al médico de cabecera, al que no tiene acceso por no tener tarjeta sanitaria: "No tengo asistencia y la necesito, aunque en las leyes vigentes dice que se tiene que atender a los enfermos crónicos, ellos ponen impedimentos a la hora de dar la cita".

Carolina González: "No querían atender a mi bebé por no tener tarjeta sanitaria"

Carolina es española, aunque pasó unos años fuera del país. Regresó junto con su marido, de origen ecuatoriano, y su bebé. Llevaban poco tiempo en España cuando tuvo que ir a urgencias con su hijo, que tenía anemia.

Carolina presentó el libro de familia, pero aún así tuvo que insistir mucho hasta que logró que atendieran a su bebé: "Insistí hasta que me dijeron que fuera arriba e intentara que algún médico me atendiera". Después, para poder hacerle un análisis le comentaron que necesitaba que el niño tuviera papeles españoles, "hasta que no los tuviera, no los harían", relata.

José Salvetti: "Tengo problemas respiratorios y la medicación es bastante cara"

José y su mujer, María, son argentinos y actualmente viven en Canarias. Llegaron a España de forma regular, a través de un proceso de reagrupación familiar.

José está perdiendo la memoria, pero lo que de verdad preocupa a estos argentinos son los problemas respiratorios derivados de su EPOC. "El spray vale 93 euros, la pastilla para las flemas son 45 euros y la visita al médico son 93 euros cada vez que van", relata María. "A pesar de ser residentes legales en España, no tenemos acceso a nada".

Natalia Duffy: "Cambiamos de residencia y a mi padre le negaron la tarjeta sanitaria"

Natalia lleva 14 años en España. Con ella vivía su padre Carlos, de 66 años, se quedó sin asistencia sanitaria después de un cambio de domicilio de Santiago de Compostela a León tras la entrada en vigor de la reforma sanitaria.

"Al venir a León, mi padre no estaba mal, pero sin el seguimiento médico empeoró", relata Natalia. Con el cambio de residencia le deniegan la tarjeta sanitaria como beneficiario de su hija, por lo que debe contratar un seguro privado. En abril de 2014, acude a urgencias con un cuadro de deterioro generalizado, allí recomiendan su ingreso. Sin embargo, el seguro se niega a hacerse cargo de los gastos derivados de su ingreso, tampoco se hace cargo de la medicación. Por estos motivos, pide el alta voluntaria en el hospital. Carlos fallece después de que su estado empeore durante semanas, sin que la sanidad pública ni la privada se hagan  cargo de su situación.

Driss Rbaa: "Estuve un año sin asistencia médica porque perdí mi trabajo"

Driss es de origen marroquí, pero los últimos años ha residido de forma legal en España. A pesar es diabético, una enfermedad crónica, durante el tiempo que estuvo sin tarjeta sanitaria, no fue atendido. Como consecuencia de la diabetes, sufre problemas oculares. Además, también padece hipertensión.

Después de perder su trabajo, Driss se preocupó mucho por cómo iba a mantener la tarjeta de residente. Sin embargo, la preocupación fue mayor cuando perdió su derecho a asistencia sanitaria: "Busqué a mi antiguo jefe, que era la "única persona capaz de resolver esta situación", cuenta. "Él era el único que podía arreglar el error que se produjo en mi alta de la Seguridad Social".

Carolina Bermúdez: "Conseguir la tarjeta sanitaria fue frustrante y me agobió mucho"

Carolina tiene 27 años, es de Nicaragua, y reside en Santiago de Compostela junto a su marido, que es español. Durante tres años estuvo sin acceso a un médico de familia debido a errores administrativos y barreras burocráticas.

Durante el tiempo que que estuvo sin poder acudir a un médico, padeció un quiste de ovarios. "También le dijeron a mi esposo que le iba a llegar una factura por haberme atendido porque no tenía derecho a la asistencia", cuenta esta joven. "Médicos del mundo me decía que tenía que luchar, que es un derecho que tengo y que no me deberían de quitar".