El Cabildo de Gran Canaria ha dado a conocer este miércoles las alegaciones que presentará al anteproyecto de la Ley del Suelo del Ejecutivo regional que hace, entre otras cuestiones, por entender que se realiza un diagnóstico "inadecuado" en cuanto a que "se cuestiona lo público, el interés general parece secundario".

Las alegaciones aprobadas en Consejo de Gobierno pretenden servir, según indicó en rueda de prensa el presidente grancanario, Antonio Morales, son para generar un debate "sereno" donde se escuche a los ciudadanos del archipiélago con el objetivo de alcanzar un documento consensuado.

Así, la propuesta de alegaciones del Cabildo se centran en diez puntos en los que se cuestionan diferentes aspectos que recoge el anteproyecto de la normativa como el del interés general o donde, matizó, los objetivos del desarrollo sostenible "quedan cuestionados".

Respecto al principio de relatividad de la Ley, Morales señaló que la norma plantea un equilibrio relativo entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico pero que implica a que "en momentos de expansión económica se debe primar los valores de desarrollo sostenible y en épocas de crisis deben primar los valores de crecimiento".

Esto, añadió, "es una contradicción" porque desde el Cabildo de Gran Canaria se entiende que los valores deberían ser objeto "de una protección universal por su vinculación con el interés general".

Asimismo, se refiere a que aspectos como la simplificación, racionalización o actualización de la norma "no debería estar dirigida a eliminar los controles necesarios sobre la potestad de ordenación del territorio", algo de lo que considera que "peca en algunas ocasiones" la norma.

"Simplificar no debe ser sinónimo de reducir o eliminar los controles sobre la discrecionalidad con que cuenta la administración para gestionar el suelo público", subrayó.

Otra de las alegaciones se centra en la modificación del actual modelo de desarrollo sostenible y la eliminación de las Directrices de Ordenación General, algo que calificó de "incongruente" porque defienden el desarrollo sostenible como un valor "universal", mientras que en lo que se refiere a las Directrices destacó que fue consensuado pero ahora "solo se mantienen los principios más generales".

Municipalismo y agilidad

Morales también expuso la distribución de competencia que recoge la norma como un "verdadero problema", ya que indicó que es "marcadamente municipalista" en cuanto a que se da a los ayuntamientos la competencia para tramitar y aprobar sus planeamientos.

Sin embargo, agregó, que el Cabildo "no cuestiona el municipalismo" pero dudan en que esto haga que se sea "más ágil" en cuanto a que los ayuntamientos tengan el personal suficiente para trabajar sobre el uso y utilidad del suelo.

"La desaparición de la figura de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) y que sean los municipios los que desarrollen a partir de ahora, de manera autónoma, el uso de su territorio, puede generar estas contradicciones: que no se agilice, sino que se obstaculice el desarrollo del suelo", resaltó.

También se refiere a la renuncia de la Comunidad Autónoma de Canarias a sus competencias en materia territorial y urbanística, con la "eliminación" de la Cotmac, que subraya es un órgano "importante porque homogeneiza las decisiones sobre el territorio en todos los lugares de Canarias"; mientras que, por contra, creen que se plantea la sustitución de la Cotmac por órganos ambientes en diferentes puntos del territorio. Esto, dijo, supone una "falta de garantía" para la independencia funcional y orgánica de los órganos exigidos.

Recorte de la intervención de los cabildos

Por otro lado, las alegaciones también recogen lo que califican como un "drástico" recorte de la intervención de los cabildos, al entender que "limita, merma" las competencias de las instituciones insulares; su capacidad "integradora". En concreto, expone que se limita el alcance del PIO para definir el modelo turístico insular, de asentamientos de la población o de coordinación de actividades de carácter socioeconómico con incidencia territorial.

Agregó que otras cuestiones que les preocupa es la eliminación del control de legalidad en cuanto a que "si el aumento de la letigiosidad no va a provocar una paralización de las propuestas", ya que dudan de que ir a la justicia sea una fórmula "ágil".

Respecto a la liberalización del suelo rústico, expuso que con la "excusa" de incrementar la rentabilidad del sector público se tipifican nuevos usos ordinarios en el suelo rústico o se flexibiliza la autorización de usos complementarios, lo que dijo que "abre puertas a determinadas actuaciones que ahora no se pueden realizar".

Por último, creen que la norma supone una desincentivación para redactar un nuevo planeamiento debido a que la norma "no posee plazos concretos para su adaptación", por lo que consideran que se puede producir que los ayuntamientos "no necesiten acudir a modificar su actual planeamiento".

De todos modos, Morales aseguró que esta "no es una posición frontal" con el Gobierno canario, sino que lo que se busca es un "diálogo" para que el documento final sea "consensuado". Añadió que el Cabildo presenta las alegaciones porque defiende un modelo de desarrollo en el que creen, si bien afirmó que les parece bien que el Ejecutivo regional haya planteado esta norma para que ahora sea consensuada.

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