"La legislación, la política y las prácticas tanto de la Generalitat de Cataluña como del Ayuntamiento de Barcelona" en relación a los policías locales dependientes de dicha Corporación que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones "son contrarias a la legalidad nacional, europea y española, pues contienen elementos claramente discriminatorios y lesivos de los derechos humanos de estas personas". Esta dura crítica se recoge en una carta que el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha enviado a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

En el escrito, Cayo habla de una discriminación "estructural, deliberada y permanente" e insta al Consistorio barcelonés a aplicar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 y firmada y ratificada por España.

Como organismo independiente designado por el Estado para velar por el cumplimiento de ese tratado, el Cermi emplaza al Ejecutivo municipal a que plantee al Parlamento autonómico "la necesidad de reformar toda la legislación catalana relativa a los miembros de cuerpos de seguridad y protección que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones, que sea compatible con la visión de los derechos humanos de las personas con discapacidad y que supere el grave problema que Cataluña y Barcelona presentan en esta esfera".

Hasta que esa nueva legislación esté desarrollada, el comité pide al Consistorio que cese "toda práctica administrativa local que suponga una vulneración de los derechos" de esos agentes y que se reúna con las asociaciones que representan a este colectivo. "Han de participar en pie de igualdad con el resto de las partes en los foros que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto o ponga en marcha para examinar y proponer soluciones a los problemas señalados", exige.

Cayo afirma que los problemas que cita han sido detectados después de que el Cermi investigase minuciosamente la situación de estos empleados públicos a raíz de "numerosas y sostenidas denuncias y quejas de miembros de este cuerpo de seguridad".

Entre esas denuncias se encuentra la de Vicente Flores, quien lleva casi seis años luchando para ser readmitido en la Guardia Urbana y poder desempeñar funciones no operativas. Tras sufrir un accidente laboral en 2009 que derivó en que le fuera reconocida una incapacidad permanente total para su puesto habitual, el Consistorio desestimó su petición de pasar a segunda actividad y con 31 años fue jubilado automáticamente y expulsado del cuerpo. Su último recurso fue interponer una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la primera petición individual de este tipo que se interponía contra España y que fue admitida a trámite.

"La ONU dio seis meses al Estado para que presentase alegaciones y a fecha de hoy aún no han dicho nada. Ese plazo se puede prolongar hasta tres veces. El Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, ha pedido los informes pertinentes al Ayuntamiento de Barcelona y este no se ha pronunciado. Si presentan algo, yo tendré un plazo de dos meses para responder. Después se abriría un periodo de un año para que podamos llegar a un acuerdo", cuenta Vicente a 20minutos. Consciente de lo largo del proceso, no pierde la esperanza en que finalmente Naciones Unidas le dé la razón: "Cuando aceptan el caso es porque ven que se ha producido una vulneración clara".

El Consistorio aprobó en octubre del año pasado la creación de una comisión de trabajo a raíz de un ruego de ERC que solicitaba que se tomasen las medidas necesarias para que los miembros de la Guardia Urbana con una discapacidad que no les permita cumplir con el servicio ordinario puedan ejercer su derecho a pasar a segunda actividad. La formación pedía que se velara por la integración profesional y se parara la "discriminación laboral de este colectivo".

Vicente califica dicha comisión de "pantomima" porque, según explica, en ella se ha colocado a cargos que determinaron su expulsión del cuerpo. Esto le lleva a pensar que el informe que se elabore será negativo para él y sus compañeros.

En elaboración se encuentra también el informe jurídico que el departamento de Función Pública de la Generalitat debe remitir al Parlamento catalán para la aprobación o no de una ley que solucione el tema. "Hay una pugna importante dentro de Junts Pel Sí. Esquerra Republicana nos apoya porque ha visto que están reclamando un derecho que jurídicamente no está reconocido en ningún sitio, como es el derecho a decidir, y mientras no se están aplicando derechos que ya tenemos, como son los derechos fundamentales. Eso está desacreditando su petición a nivel internacional. Con Convergencia sí tenemos un hueso más duro de roer", señala Vicente.

Ante esta situación y a la espera de lo que pueda determinar la ONU, este exagente local no descarta presentar una querella por un delito de discriminación de forma continuada contra los tres alcaldes que han regido el Ayuntamiento desde que él tuvo el accidente: "Yo no digo que la culpa sea de Ada Colau, porque mi caso ocurrió durante el Gobierno socialista. Pero está en sus manos solucionarlo".