El 30,9% de las trabajadoras domésticas en España siguen sin estar dadas de alta en la seguridad social, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley que obligaba a legalizar su situación desde la primera hora trabajada, ha denunciado este lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La reforma legal del sector eliminó el Régimen Especial de Empleados del Hogar y creó un sistema especial dentro del Régimen General de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2012. Desde entonces, se ha producido un importante incremento en la afiliación de las trabajadoras, que ha pasado del 43% de las ocupadas a finales de 2011 (295.500 afiliadas sobre un total de 686.900 ocupadas) a un 69,1% en 2015 (424.423 afiliadas sobre un total de 614.200 ocupadas), ha informado la OIT.

Este incremento se produjo en un contexto de caída generalizada de la afiliación. Sin embargo, la exclusión del sistema de seguridad social todavía afecta al 30,9% del colectivo (189.777 personas), trabajadoras que forman parte de lo que se conoce como economía sumergida o informal.

Durante la presentación de un estudio a nivel mundial sobre la protección de los trabajadores del hogar, Joaquín Nieto, el director de la oficina de la OIT en España, ha destacado que la protección del colectivo dista de "ser completa" en este país, dado que excluye las prestaciones por desempleo. "No hay ninguna razón que justifique que en España las trabajadoras domésticas sean el único colectivo de trabajadores sin derecho al desempleo", ha considerado.

Sobre las condiciones en las que se trabaja en España, la OIT dice que es de los países con menor cantidad de horas semanales de media de las empleadas domésticas (25,9) —por encima de Noruega (14 horas semanales) pero muy por debajo de Filipinas (53 horas) o Namibia (62 horas)—. También destaca que hay más trabajadoras domésticas migrantes que nacionales. Sobre este punto, la OIT indica que la "población migrante enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad", entre otras cosas "jornadas de trabajo más extensas", "salarios más bajos" y "mayor proporción de casos de víctimas de acoso sexual y violencia de género". En su mayoría, las trabajadoras migrantes del sector en España provienen de América Latina.

Otro estudio reciente del sector, en este caso elaborado por el sindicato UGT, recuerda que el 90% de las trabajadoras del sector son mujeres y en una edad comprendida entre los 30 y los 59 años mayoritariamente (82%). En los últimos quince años, las trabajadoras extranjeras del sector han pasado de representar un 30% a suponer el 50%, aunque llegaron a ser el 61,4%, pero han bajado como consecuencia de la crisis, cuando se ha incrementado las empleadas de nacionalidad española.

En la Federación de Servicios de UGT, de la que dependen las empleadas domésticas, su portavoz José Luis Segura considera que, pese a los "notables" avances en la afiliación, "todavía queda mucho empleo sumergido por aflorar en el sector". En su estudio han recogido los motivos que los empleados de hogar en situación irregular aducen para no cotizar: "no les interesa o no les compensa"; "por desconocimiento sobre si deben hacerlo o no"; "el empleador no quiere hacer contratos", o "no llegan a un acuerdo con él". En el caso de trabajadores extranjeros, principalmente es porque "no disponen de papeles".

Los sindicatos apuestan por "dar una vuelta de tuerca a la normativa para que interese a empleadores y trabajadores darse de alta". También piden que España se sume al Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (PDF) que establece unos estándares mínimos de protección para quienes desempeñan el trabajo doméstico remunerado. Actualmente, 22 países han ratificado el Convenio 189, entre ellos Italia o Alemania.

Para la OIT, que España ratificara el 189 supondría "un reconocimiento, esta vez pleno de derechos para los trabajadores domésticos. Sería tan importante como lo fue, hace cuatro años su incorporación a la Seguridad Social".

Ya a nivel mundial, la OIT denuncia que 60 de los 67 millones de trabajadores domésticos (el 90%) no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de seguridad social. "Cuando los profesionales envejecen o sufren lesiones son despedidos, sin una pensión o apoyo. Esto puede y debe ser corregido", ha defendido Isabel Ortiz, directora del departamento de protección social de la OIT.