El PPdeG ha apoyado en total siete recomendaciones de la oposición para tratar de mejorar el plan anual de trabajo del Consello de Contas para 2016, entre ellas una dirigida a la fiscalización del aeródromo de Rozas, en Lugo.

Junto a sus seis medidas, en total serán 13 las que el Parlamento gallego traslade a Contas después del debate este viernes en la comisión para las relaciones con este organismo.

Los grupos han expuesto en la Cámara sus diferentes propuestas para este ejercicio, y una de las que ha salido adelante por unanimidad, por el voto a favor de los populares, ha sido la de AGE destinada a incluir en la programación del plan anual de trabajo para el año 2016 "un informe de fiscalización específico sobre los fondos europeos invertidos en el aeródromo de Rozas".

Al respecto, la portavoz del grupo mayoritario, Herminia Pouso, ha destacado que el Partido Popular no tiene "ningún inconveniente" en que esto se haga, aún siendo partidario de "que se impulse toda esa industria en Galicia".

Junto a esta iniciativa de Alternativa (cuyo parlamentario Ramón Vázquez planteó una decena), salieron adelante dos del grupo mixto (de un total de 17), cuatro del PSdeG (de 17) y las seis presentadas por el propio PP, pero ninguna del BNG (su portavoz en el Pazo do Hórreo, Francisco Jorquera, defendió siete).

Sin acuerdo para el hospital de vigo

Donde no ha habido acuerdo ha sido en relación con la fiscalización del nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, para el que toda la oposición ha requerido actuaciones, que se han visto frenadas por el rechazo del PPdeG.

Los populares ofrecieron, con todo, una transacción al respecto, la misma que ya pusieron sobre la mesa en septiembre de 2015, y que este viernes ha vuelto a ser desechada.

Con ella, se veían dispuestos a instar a Contas a que incluyese este hospital "en el seguimiento que realiza regularmente sobre financiación de obra pública por mecanismos de financiación público privada", con el objetivo de "conocer el coste financiero real" y el de mantenimiento, así como el "impacto" de la inversión en esta infraestructura en las economías local y autonómica.

Sin embargo, la oposición pedía, como en el caso de una recomendación del PSOE, que Contas "emita opinión sobre el tipo de gestión y el titular de la propiedad en el hospital"; estudiar el "cumplimiento de las cláusulas establecidas en la concesión, el incremento de costes respecto de lo inicialmente estimado y la carga que representará el sistema concesional para la hacienda pública" en el caso de otra del BNG y la "realización de un informe de fiscalización específico sobre el proceso de concesión y adjudicación de las obras y de sus servicios privatizados" que solicitaba AGE.

Igualmente, el grupo mixto quería que se fiscalizase "todo el proceso de licitación, adjudicación de obra, contratación, construcción, eliminación de servicios asistenciales, externalización de servicios, calidad asistencial, privatizaciones e incremento de costes" para los usuarios.

MIXTO

El respaldo de los populares sí ha dado luz verde a una recomendación del grupo mixto para que, "en lo que se refiere a los objetivos específicos en materia de prevención de la corrupción", se incorpore "la comprobación de la existencia de mecanismos de verificación y control del cumplimiento contractual".

También se trasladará a Contas otra propuesta defendida por la diputada Consuelo Martínez orientada a que "en lo que se refiere a la fiscalización de las entidades locales de más de 75.000 habitantes, así como de las diputaciones provinciales", se presente el estudio de evolución de "gasto social, gasto en contratación para prestación de servicios públicos, gasto en energía eléctrica, agua y recogida de basura e ingresos por impuesto sobre bienes inmuebles".

PSOE

En cuanto a las recomendaciones que ha explicado el portavoz socialista en el debate, Juan Carlos González Santín, han tenido el apoyo unánime cuatro, y la primera solicita presentar los próximos planes anuales de trabajo en el mes de octubre anterior al del ejercicio del que se trate, "con el fin de que en ellos se puedan incluir, con suficiente antelación, las recomendaciones aprobadas por la Cámara autonómica".

La segunda demanda "un informe sobre la aplicación correcta de los criterios de solvencia en las contrataciones de la Xunta de Galicia para que estos no puedan ser criterios subjetivos o evaluables por una sola persona dando de hecho lugar a exclusiones de empresas de forma arbitraria".

La tercera insta a Contas "a realizar la fiscalización selectiva de resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos formulados por las intervenciones de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", mientras la cuarta pide acometerla en municipios de menos de 20.000 habitantes "según el volumen de reconocimientos extrajudiciales de créditos".

PP

Por su parte, de las seis recomendaciones del PP, tres han sido aprobadas por unanimidad. La primera era la referida a "continuar aproximando los informes de la cuenta general de la comunidad autónoma, de la cuenta general del Sergas y el informe de actividad económico-financiera de las entidades públicas dependientes de la administración general de la comunidad autónoma al ejercicio en curso, con independencia de la presentación de los restantes informes de fiscalización selectiva".

La segunda es la que busca mantener "con carácter periódico" los informes sobre la actividad económico-financiera de las entidades públicas dependientes de la administración general de la comunidad, presentado por vez primera en 2006.

Una tercera demanda que Contas "procure una coordinación de medidas para facilitar la rendición telemática de la cuenta general de la administración autonómica, a través de la comisión de coordinación que prevé la ley".

Códigos de conducta y manuales

La propuesta número cuatro del PP ha recibido 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, por lo que ha salido adelante, para requerir "que se priorice la inclusión en el plan de trabajo de 2016 la colaboración con las administraciones sujetas al ámbito de actuación del Consello de Contas y hacerles propuestas en la elaboración de códigos de conducta y manuales internos de gestión de riesgos que permitan garantizar el comportamiento ético de los gestores públicos".

Dentro de este mismo punto, los populares animan a elaborar un plan "para dar cumplimiento a la letra d) del artículo 5 bis de la ley 8/2015 del 7 de agosto del Consello de Contas".

Sobre este extremo, parte de la oposición ha censurado lo que consideraba un "brindis al sol" —para los portavoces de AGE y grupo mixto— y la falta de concreción en la redacción —que ha observado el Bloque—.

ABSTENCIONES

Con 11 votos a favor y tres abstenciones han salido adelante las dos últimas recomendaciones del PPdeG, una de ellas para fiscalizar "los procedimientos de incorporación del personal en organismos públicos" y su "adecuación" en número y funciones "a la actividad de las respectivas entidades".

La otra tiene que ver con el análisis "de la evolución temporal del endeudamiento de la denominada administración institucional en términos de contabilidad nacional", de su "razonabilidad" y su "sostenibilidad".