La prohibición de fumar en lugares públicos y centros de trabajo no se debe aplicar en las cárceles de Inglaterra y Gales, dictaminó este martes el Tribunal de Apelación de Londres.

La corte respondió así a un recurso presentado por el Gobierno contra un dictamen del Tribunal Superior de Londres, que había establecido que la prohibición de fumar, que entró en vigor en 2007, se aplica a todos los lugares públicos y donde la gente trabaja.

Este caso fue presentado originalmente por Paul Black, recluso en la cárcel HMP Wymott, en Lancashire (noroeste de Inglaterra), que se quejó junto a varios compañeros de que los centros penitenciarios de Inglaterra y Gales no debieron ser excluidos cuando entró en vigor la ley de 2007.

Los abogados de Black afirman que su cliente ha sufrido varios problemas de salud por "ser fumador pasivo y estar expuesto frecuentemente al humo del tabaco", ya que el personal de su centro y un número elevado de reclusos "fuma en los rellanos, en la sala de espera del médico y en la lavandería".

Sin embargo, abogados del Gobierno advirtieron recientemente de que una prohibición "realmente severa" de fumar en los centros penitenciarios podría causar "problemas de disciplina" y supondría "un riesgo para la seguridad del personal y de los propios reclusos".

La Asociación de Gobernadores de Prisiones (PGA, por sus siglas en inglés), ha mostrado su preocupación de que la prohibición pueda crear "inestabilidad", ya que aproximadamente el 80% de los reos fuma.

En las prisiones de Gales ya no se fuma desde el pasado mes de enero pero la prohibición aún se aplica en las de Inglaterra, mientras que en Irlanda del Norte está permitido fumar en celdas y algunos espacios abiertos, igual que en Escocia