El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez, ha informado este viernes de que un total de 18 residencias privadas se han acogido a la orden de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales, proceso extraordinario que ha impulsado el Ejecutivo autonómico.

Los resultados del plan de inspección de residencias y centros de mayores iniciado este verano, tras el incendio registrado en la residencia Santa Fe en Zaragoza —en el que fallecieron ocho personas y otras doce resultaron heridas—, desvelaron que 45 de estos establecimientos o no tenían licencia municipal o no cumplían los requisitos exigidos por el Gobierno de Aragón o ambas cosas.

Por ello, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales publicó una orden de regularización por la que en el plazo de un mes debían presentar un plan operativo para subsanar sus deficiencias.

Una vez cumplido este plazo, 18 residencias han presentado sus propuestas que ahora el Departamento tiene que aprobar, para que las ejecuten, comprobar que se han realizado los cambios y, de este modo, conceder la autorización correspondiente para que el centro siga funcionando.

De los 27 centros restantes, 7 son de día y otros 7 son residencias que han cerrado sus puertas por iniciativa propia desde el verano pasado porque no podían afrontar los requerimientos del Gobierno de Aragón.

A ellos se suman 13 residencias que no han presentado su proyecto por lo que, según se explicaba en la orden, se les abrirá un expediente sancionador con la consiguiente multa económica —que puede ser de 30.000 euros en caso de falta grave y de 40.000 en faltas muy graves— y otro de cierre. Los centros afectados pueden recurrir esta decisión que se ejecutará una vez resueltas las posibles reclamaciones por vía administrativa y judicial.

160

Plazas afectadas

Estas 13 residencias suponen que se encuentran sin autorización unas 160 plazas afectadas, según ha detallado José Antonio Jiménez, al precisar que dos de estos centros cuentan ya con propuestas "firmes" de cierre, si bien ha subrayado que "ahora mismo, de lo que hemos visto", no se ha detectado ninguna situación de emergencia que conllevara un cierre inmediato de instalaciones.

Los centros que han presentado sus planes deben acometerlos, una vez que sean aprobados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en un plazo "que tenga sentido" en relación con la propia reforma que deban ejecutar y que ya figura en el documento presentado.

El objetivo del Gobierno aragonés es "llegar a fin de año con todos los centros que están funcionando con autorización", ha indicado Jiménez, al aseverar que la "prioridad absoluta" es que los servicios de atención a mayores se ofrezcan con "calidad suficiente", con unas instalaciones adecuadas y que cumplan los parámetros de seguridad y, al mismo tiempo, intentando evitar que se cierren residencias porque son también centros de trabajo, ha recordado.

Se busca una alternativa en caso de cierre

En este sentido, ha observado que el Departamento prefiere que los centros inviertan el dinero en acometer las reformas necesarias que "en una sanción". En todo caso, en aquellas residencias que cierran sus puertas los propios titulares de los centros, o el Departamento, buscan una alternativa para los residentes, ha aclarado.

Ha destacado, asimismo, la colaboración que se ha mantenido en este proceso con las entidades y asociaciones que gestionan estas instalaciones y con el Ayuntamiento de Zaragoza, con quien también han revisado todas las residencias que tenían autorización para comprobar que estaban cumpliendo la normativa.

"Tengo una opinión favorable al resultado del plan" impulsado por el Ejecutivo autonómico, ha apreciado el secretario general técnico del Departamento, al valorar que las 18 residencias que se han acogido al mismo "son suficientes, porque partíamos de un escenario de 45 centros, 7 con una tipología de centro social y otros 7 que ya habían cerrado" y ha comentado que "cualquier titular de cualquier residencia puede ponerse al día" y, si cumple la normativa, su centro puede volver a abrir sus puertas.

230

Residencias autorizadas

Según el plan de inspección llevado a cabo por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en Aragón hay 230 residencias autorizadas, a las que se suman los 45 centros antes mencionados.

De estos últimos, 28 no contaban con licencia municipal, pero sí cumplían con los requisitos del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, 5 ni tenían licencia ni pasaron la inspección del Ejecutivo autonómico y otros 12 que tenían licencia no presentaban las condiciones requeridas.

Las deficiencias detectadas por los inspectores del Gobierno de Aragón se refieren, sobre todo, a los planes de prevención de incendios y a la organización del funcionamiento del centro. En ningún caso los problemas detectados han motivado una acción inmediata por parte del Ejecutivo.

Centros mixtos

En este punto, José Antonio Jiménez ha precisado que estos centros "normalmente tienen que acometer" reformas en materia de prevención de incendios o adaptar sus instalaciones para que puedan acoger a personas dependientes, pasando de ser centros para personas válidas a mixtos.

Jiménez ha advertido de que aunque los centros cuenten con todas las autorizaciones y cumplan la normativa, "eso no impide" que puedan ocurrir hechos como los sucedidos el 12 julio de 2015 en la residencia Santa Fe, donde el fuego se originó en el colchón de una de las habitaciones y de manera intencionada.

Desde que se comenzó el plan de inspección, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha estado en contacto permanente con las tres asociaciones que aglutinan a la mayoría de los centros de mayores privados que funcionan en Aragón. Asimismo, todo el proceso se ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se ubican la mayor parte de los centros.