Apartan cautelarmente a tres vicepresidentes de la Diputación de Valencia citados por Imelsa

  • La Guardia Civil ha citado a declarar como investigados al Consejo de Administración, incluida la diputada de EU que denunció el caso.
  • Se trata de altos cargos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida.
  • La denunciante ve "indignante" su citación.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSOE), y la vicepresidenta primera, María Josep, Amigó (Compromís), conversan con los vicepresidentes tercero y cuarto de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (EU).
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSOE), y la vicepresidenta primera, María Josep, Amigó (Compromís), conversan con los vicepresidentes tercero y cuarto de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (EU).
KAI FÖRSTERLING / EFE

La Guardia Civil ha citado a declarar por el caso Imelsa a todo el consejo de administración de Imelsa, incluidos los vicepresidentes tercero y cuarto de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromis) y Rosa Pérez (Esquerra Unida), han confirmado fuentes de sus partidos y de la corporación provincial.

Rosa Pérez, que fue la que presentó la denuncia que destapó este caso que investiga las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos en la empresa pública Imelsa, aseguró anoche en su cuenta personal que el "precio de enfrentarse a los poderosos" era ser "citada a declarar como investigada" en la operación Taula.

También, fuentes cercanas al diputado de Compromís Emili Altur han confirmado que anoche recibió una llamada de la Guardia Civil para citarlo, y ha convocado una rueda de prensa para explicar su situación.

Según publican hoy varios medios de comunicación, la Guardia Civil también ha citado al vicepresidente segundo de la Diputación, Antonio Gaspar (PSPV-PSOE); al exportavoz socialista José Manuel Orengo, al exdiputado provincial Raúl Pardos y al dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira, además de sindicalistas de UGT y CCOO.

Antoni Gaspar ha asegurado que no ha recibido ninguna citación ni llamada por parte de la UCO y, en su cuenta personal de twitter ha resaltado que la Guardia Civil "no imputa, eso solo lo hace un juez, ellos en todo caso investigan".

Al respecto, Rosa Pérez ha señalado que es "indignante" su citación cuando fue ella quien denunció el caso y ha considerado que de los hechos que informó "deberían haber pasado un montón de personas a declarar". "Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan", ha señalado.

En ese sentido, ha recalcado que ella fue la de la que denunció el caso y que no estaba en el equipo de gobierno ni tenía competencias de gestión, por lo que no entiende que haya sido llamada a declarar cuando se pasó "cuatro años denunciado políticamente" estas prácticas irregulares de "esta banda" y acabó llevándolas a la Justicia. "A mí me pueden decir de todo menos bonita pero de ahí a darles credibilidad", ha señalado.

Pérez ha explicado que recibió este miércoles la llamada de la Guardia Civil en la que la citaba a declarar para el próximo martes, mientras que Altur, con el que habló anoche, acudirá el miércoles.

Apartados temporalmente

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, han anunciado posteriormente en los pasillos de Les Corts que los cargos que han sido citados a declarar por la Guardia Civil dentro del caso Imelsa han sido apartados cautelarmente de sus cargos institucionales y orgánicos.

De hecho, el vicepresidente tercero de la Diputación, Emili Altur (Compromís), el exportavoz socialista José Manuel Orengo, el asesor de la Diputación y alcalde de Gestalgar Raul Pardos (PSPV), y el dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira han puesto sus cargos a disposición de sus partidos.

Puig ha dicho que sabe por los medios que han sido citados por formar parte del consejo de administración de la empresa pública Imelsa y ha asegurado que la imputación judicial no tiene por qué marcar la expulsión definitiva, ya que podría ser antes, mientras que Oltra ha opinado que se hará cuando "dejen de poder" dar explicaciones.

Si se produce una imputación judicial, ese sería "el momento de repensar y actuar en consecuencia" pero según de qué se les acuse, podrían ser antes, según Puig, porque las responsabilidades políticas y judiciales "no tienen que ir siempre acompañadas".

Para el president, no es lo mismo que se acuse a alguien de haber robado a que se haya cometido un error "en una adjudicación determinada", que también es un acto punitivo. "Incluso, si son acusados de algo que no es ético, se tomarían igual las decisiones", ha explicado.

Oltra se ha mostrado sorprendida por la citación a Rosa Pérez Garijo (EU), vicepresidenta cuarta de la Diputación y la persona que destapó el caso, ya que no tenía capacidad de gestión en la empresa, según ha comentado.

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