El presidente del Comité de Empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA), Javier Anadón, han pedido al Gobierno aragonés "que dé un puñetazo en la mesa" y "apoye" al Consistorio de la capital aragonesa. "Pónganse de acuerdo y obliguen a la multinacional ADO" a que "cumpla lo que tiene firmado" y "si no, rescatarla, municipalizarla y, si no hay dinero, usar el pliego de condiciones" del contrato "y se interviene a la empresa".

A su entender, de esta forma "el conflicto finalizaría y se conseguiría la solución a la huelga", que ya cumple 69 días de paros parciales, que tienen lugar entre las 9.00 a 11.30 horas y las 18.00 a 20.30 horas. Anadón se ha pronunciado así durante ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón.

Según ha explicado, "estamos en huelga reivindicando que se respeten nuestros derechos laborales y económicos ya adquiridos en convenio y que se cumplan todas las cláusulas del pliego de la contrata para garantizar un servicio de autobús de calidad".

Asimismo, ha asegurado que "estamos deseosos de finalizar cuando antes este conflicto, pero vamos a luchar hasta que la empresa cumpla" y el Ayuntamiento de Zaragoza "es pieza fundamental" y "tiene que ir más allá de ser mero mediador puesto que el incumplimiento del pliego afecta a todos los zaragozanos y para eso tiene herramientas a las que echar mano".

En concreto, los trabajadores reclaman a la empresa "desbloquear" la actual negociación del convenio colectivo y que se cumpla el 2010-2014; crear empleo frente a las más de 33.000 horas extra realizadas en 2015; un plan de aseos en el final de línea; un calendario laboral igual para todos; recuperar la calidad del servicio y un adecuado mantenimiento de los autobuses.

Conflicto social y político

Anadón ha esgrimido que la empresa "no busca un buen servicio, sino mayor rentabilidad", para recalcar que "este conflicto no solo es laboral, sino social y político" y "les pedimos que sean posible un pacto político".

Según ha dicho, tanto al Ayuntamiento de Zaragoza, "que ha demostrado en muchas ocasiones que está por la solución del conflicto, a pesar de los palos en la rueda que muchas veces se les ha puesto" y el Gobierno de Aragón deben poner fin a los "incumplimientos sistemáticos" de la empresa desde que en 2013 "se le dio la concesión".

Por otra parte, ha opinado que "aumentando los servicios mínimos no se solucionaría el conflicto, se alargaría más todavía", para incidir en que "el Gobierno de Aragón no puede mirar para otro lado" y como parte del Consorcio de Transporte de Zaragoza "tiene que mejorar la calidad del servicio del autobús urbanos" de la capital de la Comunidad.

En este punto, se ha preguntado "cómo es posible que todavía no se haya hecho nada por parte de las instituciones aragonesas ante una multinacional que desde el primer día incumplió todo", para advertid de que el empeoramiento del servicio detectado por las organizaciones de consumidores "no solo es culpa de la multinacional, que quiere sacar el máximo beneficio, sino de las Administraciones aragonesas y del Consorcio, que tienen que garantizar que lo que se firma se cumple".

Tras 69 días de huelga, ha sostenido que "es momento de que se den hechos" y de "defender a los más débiles, los trabajadores, ante una gran potencia que es una multinacional", para argumentar que "la neutralidad es imposible", o se está en contra del comportamiento de la empresa "con actos" o "se están en el campo de las grandes corporaciones".

En este punto, ha indicado que Avanza, empresa a la que pertenece AUZSA y que está dentro de la multinacional mexicana ADO, tiene la concesión "de muchas rutas de transporte por carretera en el territorio aragonés que caducan en 2017" y por eso ha querido conocer "qué medidas va a tomar el Consorcio de Transportes de Zaragoza con esta empresa", para apostillar que "las autoridades públicas tienen en su mano la solución del problema".

Ha concluido al remarcar que "la concesionaria bloque la negociación y está provocando una situación de perturbación grave del servicio" y "por el bien de trabajadores, ciudadanos y de la ciudad procedan a la intervención de esta empresa ya".

Balones fuera

El diputado del PP, Fernando Galve, ha manifestado que "con la construcción del tranvía se rompió la movilidad de Zaragoza" y por eso "no se puede culpar al PP o a la reforma laboral de eso", algo que es "echar balones fuera", cuando el grupo 'popular' en el Ayuntamiento de la capital aragonesa "siempre ha apostado por reforzar el servicio del bus".

Galve ha dicho que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "tiene la obligación de asegurar que se da un servicio público de garantías; la izquierda habla todos los días de él pero parece que ahora se han olvidado" y ha pedido "por el bien de todos" llegar a un acuerdo.

En representación del PSOE, Herminio Sancho, ha calificado de "imprudencia" la decisión del gobierno de Zaragoza de decretar unos servicios mínimos del 33 por ciento, "sabiendo que no iba a ser una situación efímera" y "debería corregirla" para "garantizaría el equilibrio entre el derecho a la huelga y la prestación de un servicio esencial a los ciudadanos", además de que el alcalde, Pedro Santisteve, "debe ser mediador, no partícipe de una de las partes, dejando a la otra a su suerte".

La parlamentaria de Podemos, Amparo Bella, ha señalado que "la capacidad de intervención del Ayuntamiento es innegable" para "hacer que el pliego de condiciones se cumpla y habrá que sancionar todo lo que corresponda, y hay muchas vías abiertas", pero ha defendido la actuación del equipo de Gobierno, "que desde agosto se ha reunido reiteradamente".

También ha opinado que el Consorcio de Transportes de Zaragoza, donde están el consistorio y el Ejecutivo autonómico, "puede ser una vía de solución estructural en los acuerdos con la multinacional ADO".

Lucía Guillén, del PAR, ha asegurado que "entendemos sus reivindicaciones laborales como trabajadores" y hay que "pedir a la empresa que cumpla las condiciones que tienen establecidas", pero "también tenemos que defender los derechos de la ciudadanía" y ha criticado la "pasividad" del Ayuntamiento de Zaragoza y del alcalde Pedro Santisteve, que "tenía que haber elevado los servicios mínimos para no afectar tanto a la ciudadanía y haber actuado de mediador de manera más efectiva".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha resaltado que este es "el conflicto laboral más prolongado de la historia de Aragón", pero ha estimado que "no es prudente pronunciarnos de forma oficial sobre un conflicto que debe solucionarse desde el Ayuntamiento de Zaragoza", que debe exigir las "responsabilidades que están detalladas en el pliego de condiciones".

El parlamentario de CHA, Gregrorio Briz, que ha intervenido en nombre del grupo mixto, ha opinado que "la competencia es del Ayuntamiento de Zaragoza", que "debe liderar esa toma de decisiones políticas", mientras que el Consorcio de Transportes "no creo que tenga esa responsabilidad". También ha propuesto, ante el "enquistamiento" de la situación, contar con un mediador, "una persona insigne especializada en derecho laboral".