En un escrito fechado el día 25 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, se pronuncia de este modo después de que la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete Ortega, investigada en este procedimientos, se opusiera a la división de la causa en piezas acordada por la magistrada el 21 de diciembre de 2015.

El fiscal explica que la investigada se ha opuesto a la división de la causa en piezas y en concreto a "residenciar la llamada línea de investigación de delegaciones del SAE en la causa principal", aunque "realmente en el fondo lo que hace es impugnar su imputación, más que oponerse a la legalidad u oportunidad de la causa en distintas piezas".

En este sentido, resalta que Irene Sabalete, que fue directora provincial de Formación para el Empleo en Jaén entre los años 2009 y 2012, "habría contribuido decisivamente durante su mandato al mantenimiento del sistema de gestión de las subvenciones para la formación que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos".

El representante del Ministerio Público subraya que se trataría de "una actuación dirigida desde la gerencia del SAE y la Dirección General de Formación, y concertada a nivel provincial", que "permitiría, a sabiendas de su injusticia y del daño que se podía causar al erario público, mediante acción u omisión, múltiples incumplimientos de la normativa legal en materia de subvenciones para acciones formativas, tanto en el ámbito de la concesión como en el pago y especialmente en el ámbito de la justificación del destino".

Estos hechos, según expone el fiscal en este escrito consultado por Europa Press, serían constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, punto en el que considera que esta imputación, "sin perjuicio de su prueba, es distinta de las diversas causas en las que se investigan los fraudes de subvenciones en cada provincia".

"FRAUDE"

Así, explica que en cada provincia "existen procedimientos referidos a los fraudes de subvenciones cometidos por los empresarios beneficiarios de determinadas subvenciones y la participación de la investigada será aquella que devenga de su participación en este fraude", precisando que "el objeto de la misma no coincide en cuanto los hechos, ni siquiera tiene por qué ser coincidente en las subvenciones estudiadas".

Al hilo de ello, el fiscal argumenta que el objeto del procedimiento donde está siendo investigada Irene Sabalete "es el favorecimiento de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad, realizados por la investigada, y la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participó la misma".

Asimismo, "en última instancia, su participación se concretaría en empresas beneficiadas con la exención de justificación, y ello no necesariamente debe coincidir con otras en las que se investigue defraudación de la provincia", por lo que "ha sido correcto el proceder de la instrucción de dividir el proceso y residenciar las posibles responsabilidades penales de la recurrente en la causa 966/14".

La división en piezas

En un auto dictado el 21 de diciembre de 2015, la juez Núñez dividió la causa en nueve piezas, tres de las cuales versarán sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, a Rafael Velasco y a José María Pérez González, mientras que cuatro de las piezas se centrarán en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de crear una "red de clientelismo político", ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.

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