Hace unos meses —concretamente en julio—, Cataluña se desmarcó del resto de regiones y se convirtió en la primera y única comunidad que prohibía los circos con animales salvajes en España. La ley autonómica fue posible después de que más de 100 municipios de la región se opusieran a la autorización de esta clase de prácticas. Desde entonces, la lista de ayuntamientos va in crecendo, tanto que ya son 272 los municipios españoles que no permiten la instalación en sus territorios de los espectáculos circenses que utilizan a los animales salvajes como principal reclamo económico. Entre estas localidades hay grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba, Palma de Mallorca o Vitoria.

Galicia y Valencia, con 37 y 22 ayuntamientos respectivamente, llevan la delantera. Y en la región madrileña, hay más de una docena de municipios libres de circos con animales, como por ejemplo Alcobendas, una de las últimas localides en sumarse a esta lista después de que el pasado 27 de enero prosperara en el pleno una moción de Sí Se Puede, enmendada por el PSOE y el PP, aprobada por unanimidad. El Ayuntamiento de Madrid estudia revisar su ordenanza.

"Hay ayuntamientos de todos los colores. No es un tema partidista ni político", aseguran a 20minutos desde Ecologistas en Acción. IU y Podemos son algunas de las formaciones que contemplan esta normativa en sus programas, pero el PSOE y el PP, tal y como cuenta el portavoz de Infocircos Alberto Díez, suelen mostrarse favorables a sus propuestas aunque sus programas no incluyan nada al respecto. "Ciudadanos", añade, "suele apoyar lo que vota la mayoría".

La Asociación Nacional para la defensa de los animales (ANDA), no obstante, matiza esta afirmación y asegura que ha habido un cambio sustancial desde las pasadas elecciones autonómicas de mayo: "Hemos notado que los nuevos partidos y las nuevas alianzas nos han acogido bastante bien".

Es complicado conocer el número exacto de empresas circenses que operan en territorio nacional. Pero Infocircos —el paraguas bajo el que se concentran desde hace cinco años ANDA, AnimaNaturalis, FAADA, AAP Primadomus junto con la organización británica Born Free Foundation— estima que en España pueden actuar a lo largo de todo el año entre 80 y 100 compañías con animales salvajes, de las cuales sólo unas 10 son españolas. La gran mayoría, aseguran, proceden del sur de Italia, y entre las especies salvajes que les acompañan predominan los tigres y elefantes. La utilización de estos animales, sometidos a un "gran estrés" al estar en cautiverio, conlleva diferentes riesgos, sobre todo de seguridad. Los transportes, al ser itinerantes, "se hacen en condiciones penosas", un hecho que ha denunciado la Federación de Veterinarios Europeos en nota de prensa.

En este sentido, Francia ha regulado las condiciones en las que se deben encontrar estos animales, mientras Austria, Bolivia, Grecia o Malta son algunos de los países que prohíben los circos con animales de manera íntegra. La prohibición total (sin distinción alguna entre domésticos o salvajes) es lo que busca Ecologistas en Acción, pero la mayoría de los ayuntamientos en España sólo aplica la norma para este último caso, una postura que se ha convertido en foco de discusión y debate dentro de las diferentes asociaciones.

Así, hay voces que piden ampliar el abanico a cualquier tipo de animal ya que, lo que denuncian, es que se les utiliza como "objetos", y esta práctica traslada "elementos negativos" a la población más joven. "Los adiestramientos siempre conllevan un maltrato mayor o menor". Por eso piden una "reconversión de los circos", de manera que el vacío que dejen esos animales se puede solventar con la contratación de personas, lo que "beneficiaría la situación de desempleo" que atraviesa España en la actualidad.

A esta reconversión se refiere también Alberto Díez, quien destaca que fueron las propias compañías, como el Circo del Sol, las que empezaron a cambiar de estrategia debido a los problemas legales que les acarreaban los animales salvajes.

El limbo legislativo que existe en cuanto a la seguridad, la protección y la sanidad de estas criaturas —y que ha denunciado la Federación de Veterinario de Europa— es uno de los muros contra los que se chocan constantemente las asociaciones. Respecto al primer punto, los animales potencialmente peligrosos están contemplados en la ley, pero únicamente se incluyen matices y medidas en el caso de los perros (como los pitbull). Fuera de los canes, el artículo referente a este asunto es tan "genérico" que, según el portavoz de Infocircos, da lugar a "una interpretación libre tanto para el circo como para el inspector". "No se sabe de qué aleación debe ser el metal, si debe tener cebos de seguridad o no...", comenta.

En cuanto a la protección, "todavía es peor" porque hace referencia a los animales domésticos, obviando a las especies exóticas. Y la ley sanitaria se centra únicamente "en animales de granja". No se especifica qué vacunas son exigibles a tigres o a elefantes, por ejemplo. Según Díez, la Federación de Veterinarios Europea (FVE) publicó una declaración oficial en julio en la que denunciaba que es "imposible" garantizar la seguridad de los animales en el caso de los circos, y asegura que por eso mismo no se trata de un "problema científico, sino una decisión política".

La concesión de las subvenciones al sector circense es otra de las principales trabas. Para empezar, los circos necesitan una autorización de los ayuntamientos para poder instalarse en su territorio, se trate de un terreno público o privado, pero éstas no se conceden hasta un par de semanas antes.

Las ayudas que otorga el Ministerio de Educación al INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música) —organismo encargado de repartirlas entre los circos españoles que lo soliciten en función de su movilidad— no tiene en cuenta esas autorizaciones. Principalmente porque las ayudas se piden y conceden a principios de año y entonces no cuentan con el beneplácito de los ayuntamientos. Por tanto, hay compañías que se benefician de las ayudas para unos determinados ayuntamientos, que no autorizan los circos con animales salvajes. Por este problema, precisamente, Infocircos presentó hace unas semanas más de 100.000 firmas —recogidas en la plataforma Change.org— con el objetivo de que el INAEM no conceda subvenciones a estas compañías. "Estamos satisfechos con la reunión".

Según Díez, todavía falta tiempo para que las comunidades aprueben una ley similar a la catalana. "Se actúa de abajo a arriba. Cuantos más ayuntamientos desautoricen estas prácticas, será más sencillo actuar a nivel regional".