Gonzalo Bernal, exgerente de la Fundación Illesport, una de las encargadas de firmar los convenios para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte en Palma que derivaron en un supuesto desvío de 2,3 millones de euros públicos, ha declarado en el juicio que todos los contratos que se firmaron con el Instituto Nóos contaban con la autorización y el beneplácito de Jaume Matas, expresidente de Baleares.

El acusado ha dicho que la elección del instituto "era por la persona que había detrás, por Iñaki Urdangarin" y ha admitido en un momento del interrogatorio ante las preguntas de la fiscal que, si se hubieran celebrado concursos, el precio de los contratos podría haber sido más bajo e, incluso, que podría haber ocurrido que no se hubieran firmado convenios con Nóos. Esto lo ha reiterado en un par de ocasiones.

Momentos después, ante las preguntas de la abogada de Manos Limpias, ha admitido que él sabía que estaba haciendo algo ilegal y ha reconocido que los convenios se firmaron con Nóos saltándose las normas de contratación del Estado porque el cuñado del rey estaba implicado. También ha negado que esto se realizara habitualmente en Illesport: "No era el funcionamiento normal de la fundación", ha dicho.

Nada más empezar, Bernal ha explicado que las órdenes se las daba "Pepote Ballester", con quien despachaba —con Matas no lo hizo nunca, asegura—, pero que lo habitual es que llegaran de la Presidencia, que tenía la última palabra. La fiscal le ha pedido que confirmara este extremo, ya que en sus anteriores declaraciones había dicho desconocer de quién procedían las órdenes iniciales. Bernal ha dicho entonces que todo lo relacionado con los contratos contaba con la autorización de Matas.

De hecho, ha explicado que cuando Nóos comenzó a incumplir uno de los contratos firmados, el del segundo foro Illes Balears, él se negó a hacer efectivo el último pago que se les debía y ni les cogía el teléfono. "Le comuniqué al señor Ballester que estaban incumpliendo el contrato", ha afirmado, "la documentación era incompleta", ha añadido, para después relatar cómo Nóos contactó con el gabinete de Presidencia para quejarse y Ballester dio, a continuación, una "instrucción directa" de pagar.

El alto cargo ha señalado varias veces en su testimonio a Dulce Linares, entonces jefa de gabinete del ex presidente del Govern Jaume Matas, como otra de las personas que estaba al tanto de todo lo que ocurría con los convenios firmados con el Instituto Nóos. Al preguntarle la fiscal de quién fue la decisión de pagar a Nóos, Bernal ha dicho que fue Matas quien lo autorizó "sin que hubiera terminado el trabajo".

Bernal ha reconocido además ante el tribunal que él firmó actas de reuniones que no se celebraron y también que antes de la firma de convenios con Nóos y de que se les asignara presupuesto, ya se estaban negociando. "No entrábamos a valorar nada, todo nos venía acordado", ha incidido.

"Ahora veo que este contrato se tenía que haber hecho con una licitación", ha dicho en un momento dado, confirmando que no se pedían facturas que justificaran si los servicios contratados se habían prestado.

"Las actas se redactaban a posteriori para dar cobertura legal a los acuerdos adoptados de antemano", ha subrayado contundente. El patronato del Illesport, del que salían los fondos para el pago de la oficina del equipo ciclista Illes Ballears, nunca se reunió, ni debatió ni adoptó decisión alguna.

"¿Se hubieran podido tramitar los contratos con Urdangarin por la dirección general de Deportes?", le ha preguntado después la abogada de la comunidad autónoma; "Dudo mucho que hubiera superado los controles de la Administración", ha contestado. A la abogada de Manos Limpias, posteriormente, he ha confirmado que cuando las competencias excedían de las que tenía Pepote Ballester en la fundación Illesport, era Matas quién la dirigía de facto.

Illesport, dependiente del Govern, destinó 54.520 euros a la mercantil TNS Inteligente-Sofres por la adjudicación del servicio para el seguimiento de la repercusión en los medios de comunicación del equipo ciclista Illes Balears. Asimismo, abonó otros 174.000 a Nóos Consultoría Estratégica en tres facturas por la oficina del proyecto.

Bernal ha especificado que, en relación a la puesta en marcha de la oficina para el seguimiento del equipo propuesta por Urdangarin, mantuvo una reunión con el exsocio de éste Diego Torres y otros exaltos cargos de Baleares para abordar solo la gestión,  ya que su precio "ya estaba adoptado".

Del mismo modo, el Instituto Balear de Turismo, también dependiente del Ejecutivo autonómico, abonó 116.566 euros a Nóos Consultoría por la elaboración del material promocional del Illes Balears-Banesto y la creación de la página web del equipo ciclista.

En relación a los dos foros sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en Palma en 2005 y 2006 y por los que el Instituto Nóos percibió un total de 2,3 millones de euros públicos, Bernal ha explicado que no estuvo presente en las negociaciones.

El exalto cargo ha declarado que para pagar al Instituto Nóos por su organización -1,2 millones y 1,1-, se llevó a cabo una modificación del presupuesto anual del Illesport que estaba previamente aprobado. Para el segundo de ellos, ha señalado que el presupuesto se redujo en 100.000 euros porque Nóos había conseguido más patrocinadores.

Cuando le ha llegado el turno de preguntas al abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, Bernal ha admitido que "el equipo ciclista -Illes Ballears- vino a través de Iñaki Urdangarin", es decir, que fue él quien ofreció la posibilidad de patrocinarlo.

Las auditorías nunca detectaton irregularidades en las contrataciones realizadas con Nóos, ha asegurado Bernal. La sindicatura de cuentas, asimismo, tampoco encontró "anomalías legales", le ha dicho al letrado. Tras ser interrogado por todos los defensores, Bernal ha retirerado que su función era "ejecutiva, no decisoria".

"Hoy en día sé que no fue lo más legal", ha dicho, por su parte, Juan Carlos Alía, el exdirector gerente del Ibatur (Instituto Balear de Turismo), sobre el convenio que se firmó en relación al patrocinio del equipo ciclista; en su caso, una parte, la página web y el merchandising.

El exalto cargo, nombrado por el conseller de Turismo Juan Flaquer, ha declarado que Pepote Ballester fue quien le transmitió las órdenes al respecto: "Ha dicho el presi que vosotros también tenéis que pagar algo del equipo, el merchandising. Tienes que hacer el contrato con ellos", en referencia a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Alía ha repetido varias veces que él no tiene conocimientos de administración ni de derecho y que tras recibir la orden encargó a su asesor jurídico que elaborara un convenio, al que este no le puso pegas. "Me ordenadon pagar los 120.000 y  me dijeron que tenía que hacerlo con estos señores", ha insistido, añadiendo que "el trabajo se hizo", porque él vio los resultados.

La fiscal le ha preguntado por qué la resolución que firmó para el convenio con Nóos fue unos meses posterior a que se empezaran a celebrar reuniones sobre el tema y, de hecho, antes de que se elaboraran los trabajos. "Ni me fijaba en las fechas", ha dicho, "hace trece años de esto". Alía ha afirmado que él no discutió el precio del convenio, "entendía que no había opción", ha añadido.

Ha dicho desconocer por qué motivo se firmó un convenio y no un contrato con Nóos y por qué se hizo notar en los documentos la "exclusividad". La última pregunta que ha realizado la abogada de Manos Limpias  no ha sido dada por pertinente por la presidenta del Tribunal, aunque sí se ha escuchado la respuesta de Alía. La letrada le ha preguntado si cree que se habrían hecho las cosas de la misma manera si la figura de Urdangarin no hubiera estado presente: "Creo que no", se le ha escuchado.

Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico del Ibatur, ha declarado minutos después que la orden que recibió de Alía fue la de dar "una apariencia de legalidad" a una decisión ya tomada que "venía de Presidencia". "Aunque yo me hubiera opuesto, se habría realizado igual. Pido perdón, me debería haber opuesto a riesgo de perder mi trabajo y no lo hice", ha asegurado hacia la mitad del interrogatorio.

Bonet ha calificado de "drástica" la orden que recibió y ha admitido que conocía que el procedimiento era irregular. "En el Ibatur había la consigna de que todo lo que venía de presidencia no se discutía", ha añadido. La idea que yo recibí es que ese contrato se hacía "porque el señor Urdangarín estaba detrás", ha explicado. "Fue nombrado en esa conversación", ha dicho.

Bonet ha dicho que Alía le llamó tras una reunión y le explicó lo que tenía que hacer; él redactó un informe jurídico, aunque ha admitido que lo que escribió en él fue "una mera formalidad". También ha reconocido que aunque escribió que había revisado previamente un expediente que no existía.

Si no se hubiera hecho un acuerdo de colaboración, "por supuesto" se le tendría que haber dado publicidad y concurrencia, ha afirmado. Y ha dicho que, en su opinión, se trataba más bien de una prestación de servicios y no de una colaboración. Bonet ha asegurado que él no tenía competencia en relación a las facturas y que no comprobó el carácter de exclusividad, "estaba hecho, recibí la orden". Ha declarado que todo esto "no era un proceder habitual".