La Fiscalía de Sao Paulo confirmó este viernes que ha iniciado una investigación sobre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por un supuesto blanqueo de dinero que estaría asociado a la corrupción en Petrobras.

El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su esposa, Marisa Letizia Lula da Silva, el próximo 17 de febrero en Sao Paulo para investigar si el expresidente es propietario de un apartamento que no aparece en sus declaraciones fiscales, lo que constituiría un delito de blanqueo de dinero, confirmóel Ministerio Público.

El apartamento en cuestión se encuentra en el Condominio Solaris, un edificio construido en la ciudad turística brasileña de Guarujá y que está en la mira de la Policía Federal encargada de investigar la trama de corrupción en Petrobras.

Los investigadores creen que la constructora OAS, propietaria del edificio, empleó los apartamentos para "disfrazar" las coimas entregadas a los agentes públicos que la ayudaron a beneficiarse de la corrupción en la petrolera.

El inmueble fue construido por la cooperativa sindical Bancoop vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009 lo vendió a la constructora OAS. Uno de los apartamentos de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y, según la prensa local, llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que al día de hoy figura como su propietaria legal.

Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió una participación con vistas a una posible adquisición. Sin embargo, aclaró que las obras para la conclusión del edificio se atrasaron y la constructora OAS ofreció reintegrarle el dinero a quienes aún no confirmasen la compra, como habría sido el caso de la familia de Lula, que aún no ha recibido la suma adelantada.

El Instituto Lula, dirigido por el expresidente, consideró este viernes "infundadas" las sospechas del Ministerio Público y calificó de "ligeras" las acusaciones de supuesta ocultación de patrimonio por parte del exmandatario y sus familiares.

La entidad que dirige el expresidente insistió en que la mujer de Lula adquirió en 2005 una participación en ese edificio, pero precisó que él y su esposa "nunca" llegaron a ser "propietarios en ningún condominio de Bancoop o sus sucesoras".

Según el comunicado del instituto, "la verdad se esclarecerá a medida que avancen las investigaciones". El expresidente se ha desligado personalmente en reiteradas ocasiones de las conjeturas que apuntan a su implicación en la corrupción y ha llegado a asegurar que no existe en Brasil un "alma viva más honesta" que él, en "ninguna institución" del país.

Por la trama en Petrobras se investiga a medio centenar de políticos, entre ellos varios cercanos a Lula, como el exministro de la Presidencia José Dirceu o el extesorero del Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto. De acuerdo a la policía, las empresas obtenían contratos amañados con la compañía, inflaban los valores en hasta un 4 % y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.

El ex jefe de Estado, quien gobernó Brasil entre 2002 y 2010 con altos índices de popularidad, ha arremetido contra sectores del Poder Judicial y contra la prensa brasileña, a la que ha amenazado con querellas por el manejo de las sospechas en su contra. Lula observa el escándalo de corrupción alejado del escenario principal de la política, mientras que su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, sufre en el centro del huracán las consecuencias de la trama en la mayor empresa de Brasil.

Las investigaciones en Petrobras han fragmentado fuertemente a la base política del Gobierno, lo cual ha dado fuerzas a la oposición para promover un juicio político con miras a su destitución, que está en manos de Cámara de los Diputados, en receso hasta la semana próxima.