Prisión provisional para una funcionaria que falsificaba certificados de empadronamiento

  • Se la acusa de un delito de falsificación de documento público.
  • Ella y su pareja podrían llegar a vencer cada certificado por 2.000 euros.
  • Los vendían a inmigrantes irregulares.
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El Juzgado de Instrucción número 4 deDenia, Alicante, decretó hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para una funcionaria del departamento de Estadística del Ayuntamiento de Gandía, Valencia,por su presunta relación en la falsificación de certificados de empadronamientos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) indicaron a Efe que también se decretó la misma medida para un ciudadano marroquí acusado de vender los certificados falsificados.

Otras dos personas de nacionalidad marroquí fueron detenidas por haber comprado supuestamente esos documentos manipulados, aunque han sido puestas en libertad provisional tras prestar declaración judicial.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Denia, en funciones de guardia, ha abierto esta causa por un presunto delito de falsificación de documentos públicos, según las mismas fuentes, que indicaron que, por el momento, se ha acreditado documentalmente la existencia de una veintena de certificados falsos.

No obstante, las pesquisas se centran en determinar el número total de certificados de empadronamientos falsificados y la posible implicación de más personas en la trama.

La operación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil de Jávea detuvo el pasado viernes a la funcionaria del departamento de Estadística del Ayuntamiento de Gandíia por su supuesta vinculación con el empadronamiento irregular de extranjeros en la ciudad, que les posibilitaba obtener el certificado de residencia.

Los agentes también arrestaron a otra persona, al parecer pareja de la trabajadora municipal y propietario de un locutorio en Gata de Gorgos (Alicante), a quien los investigadores del caso atribuyen el supuesto cobro de unos 2.000 euros por cada certificado de empadronamiento.

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