El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Renta Social Básica, una norma que pretende dar respuesta a las nuevas desigualdades y perfiles de pobreza surgidos de la crisis económica. La norma establece dos modelos de ayudas, en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia, y beneficiará a 15.000 aragoneses.

La toma en consideración del texto es el paso previo a la aprobación de la norma por parte del Ejecutivo, en el próximo Consejo de Gobierno, y a su posterior remisión a las Cortes de Aragón para su debate y posterior aprobación.

En este punto, el consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Vicente Guillén, ha observado que el trámite parlamentario lo determinarán las Cortes y si estiman que debe ser por procedimiento de urgencia "así se hará", ha comentado, para subrayar que es una ley "trascendente e importante" para los ciudadanos, que sustituirá al actual Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Este anteproyecto de Ley surge del proceso de participación que abrió el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con asociaciones, colectivos y trabajadores del sector de los servicios sociales. Asimismo, el texto es fruto del compromiso adquirido por el PSOE con los grupos parlamentarios de Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

La renta social básica sustituirá al IAI y a la Ayuda de Integración Familiar y será considerada como un derecho subjetivo vinculado a la carencia de rentas suficientes.

En rueda de prensa, Vicente Guillén ha apuntado que cuando se apruebe se dará a conocer la memoria económica que conlleva la ley, si bien ha adelantado que "hay habilitadas partidas ampliables y no habrá ninguna dificultad ni problema para disponer de presupuesto suficiente para hacernos cargo de esas 15.000 personas a las que afectará la ley".

Una cuantía económica mínima

Esta prestación garantizará una cuantía económica mínima con la que las personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades, así como la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que hagan posible el derecho a la inclusión social mediante el acompañamiento y la integración de las personas que así lo precisen.

La norma establece dos modalidades de renta social básica en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia. La renta complementaria está dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos que no alcanza el importe que se determina para esta renta y que resultan insuficientes para hacer frente, tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas de supervivencia, como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y mejora la situación laboral.

La otra modalidad es la renta de inclusión y protección social. Se trata de una prestación económica para unidades familiares en riesgo de exclusión social que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos resulte insuficiente para hacer frente a los gastos de necesidades básicas.

Dentro de esta modalidad hay dos tipos de ingresos: un ingreso mínimo no vinculado a un acuerdo voluntario de inclusión social y un ingreso máximo vinculado a un acuerdo voluntario de inclusión social.

Una de las principales novedades que ofrece esta nueva ley es que el diseño de la prestación económica resulta progresivo, es decir, a más esfuerzo de integración del solicitante, mayor cuantía del ingreso.

Está previsto que el anteproyecto de Ley sea aprobado en Consejo de Gobierno una vez sea revisado por el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, que ha sido convocado para el 2 de febrero.