La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido que la instrucción del caso 'Goldfinger', sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en Marbella (Málaga) en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, no ha sido prospectiva ni generalista, sino "pulcra y exquisita" en cuanto a las diligencias de pruebas llevadas a cabo. El juicio continúa el lunes.

La fiscal ha respondido este miércoles a la mayoría de cuestiones previas presentadas desde el lunes por las defensas, quienes han planteado nulidades por vulneración de derechos fundamentales, como el de defensa o a un juicio justo; y han cuestionado toda la investigación desde el inicio y la forma de obtener pruebas, además de alegar la prescripción de delitos.

Para la representante de la acusación pública, este momento procesal de cuestiones previas "no es para revisar toda la labor del juzgado" que se encargó de investigar el caso, al tiempo que ha indicado que no se puede partir de la "nulidad general", como pretenden las defensas con el fin de "quererse quitar de un plumazo una instrucción".

Así, ha rechazado que se hayan vulnerado en la investigación de este caso los derechos fundamentales de los acusados o su intimidad y ha señalado que la diligencia del juzgado "es contundente pero no prospectiva", así como que "se han cumplido con todas las garantías" en las distintas diligencias de pruebas llevadas a cabo, como los registros o las comisiones rogatorias.

Respecto al registro del despacho de abogados que representaba los intereses de las sociedades que promovieron la recalificación —cuyos principales responsables están acusados—, ha dicho que en el juzgado se hizo una selección "con confidencialidad" y en presencia de los afectados, sólo de los documentos incautados que tenían relación con el proceso.

En cuanto a otras alegaciones, ha considerado que no se trata de una cosa ya juzgada, como alegó la defensa del cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, al no existir identidad objetiva entre los hechos que se investigan en este procedimiento y los que se vieron en el caso 'Malaya'. Asimismo, ha rechazado que los delitos fiscales hayan prescrito.

La vista oral se celebra en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga y continuará el próximo lunes, cuando se prevé que el Abogado del Estado responda a las alegaciones presentadas por las defensas de los 18 acusados. Además, la Sala tendrá que resolver sobre estas cuestiones planteadas.

Este procedimiento se llevó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y la fiscalía acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho y falsedad documental. Entre los 18 procesados están, además de Roca, el exalcalde marbellí Julián Muñoz, quien ya admitió los hechos en la primera sesión del juicio.

Anticorrupción pide para Roca ocho años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, fraude y cohecho. Además, se juzga a seis exconcejales marbellíes —que también han asumido su culpabilidad—, a dos abogados de un despacho, que habrían representado los intereses económicos del matrimonio en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.

Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. —propietaria del chalé de los Connery— y By the Sea —que tenía las fincas colindantes—, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, cuya construcción finalizó en 2005.

Posteriormente, tras varios informes relacionados con el blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habrían intervenido abogados de un despacho marbellí, que están acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.

En esta causa, el fiscal indica en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que en comisiones de gobierno del Ayuntamiento en 2002 se acordaron conceder licencias de obras al proyecto presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones "con plena conciencia de su ilegalidad".

El fin era, según la acusación, "favorecer económicamente a la promotora", siendo Roca el que "diseñó la operación para obtener un enriquecimiento propio y de terceros" junto con los abogados y los asesores acusados. La nueva configuración de los terrenos suponía "un notable incremento en la edificabilidad" y, debido a "deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados al mercado", el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.

El fiscal sostiene que "la contrapartida concertada" por Roca con los asesores acusados se concretó en la reserva de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de éste por la operación 'Malaya' "truncó la disponibilidad" de los pisos. Asimismo, acusa a los representantes de las sociedades acusados de idear "un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos —como la declaración de pérdidas ficticia—, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios".