El Ayuntamiento de Castellón ha ofrecido su colaboración a las familias que el pasado 28 de diciembre ocuparon un edificio de viviendas en la ciudad para "reivindicar el derecho a un alquiler social" y ha puesto a su disposición todos los recursos sociales de que dispone para que vayan a las oficinas municipales cuando quieran. No obstante, ha aclarado que se trata de una "ocupación ilegal" y que el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria.

Según ha apuntado el consistorio en un comunicado, de las familias involucradas en esta situación, el único caso del que tienen información ha sido atendido en los últimos meses por diferentes servicios municipales y se le han ofrecido diferentes soluciones para su problema.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha señalado que está "al lado de las personas que peor lo están pasando todos los días, actuando según los procedimientos establecidos y con criterios objetivos, concediendo ayudas de alquiler y evitando el corte de suministros de agua, luz y gas, entre otras medidas".

De hecho, -ha destacado- "durante el segundo semestre de 2015 se han concedido 1.383 ayudas económicas para el pago del alquiler de la vivienda, destinadas a familias en situación de emergencia social, y el importe total del gasto por este concepto asciende a 500.765,00 euros, lo que supone una media de gasto por ayuda concedida de 362,08 euros".

El Ayuntamiento ha aclarado que "estamos ante una ocupación ilegal de una vivienda, y no ante un desahucio y, además, se da la circunstancia de que el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria".

"peligroso precedente"

Al respecto, el consistorio ha explicado que no puede avalar, "en ningún caso", una ocupación ilegal de una propiedad privada, "ya que este hecho sienta un peligroso precedente".

En este sentido, ha recordado que el protocolo que el Ayuntamiento firmó el pasado mes de septiembre con la Audiencia Provincial es "para evitar desahucios y no ocupaciones ilegales, que se deberán resolver por otros cauces".

"Pedimos a los vecinos y vecinas de Castellón y a las diferentes asociaciones y entidades que respeten las normas de convivencia ciudadana. Nuestra obligación como servidores públicos es resolver los problemas de la gente y no generarles conflictos legales", ha finalizado el Ayuntamiento.