El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha propuesto procesar a 66 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia en la causa de las tarjetas black, cuya instrucción ha dado por terminada. Entre ellos, se encuentran el exvicepresidente del Gobierno y de Bankia Rodrigo Rato y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

En un auto, el juez explica que se han hallado "indicios racionales de criminalidad" contra los imputados a día de hoy y, en concreto, indicios de que las tarjetas "se emitieron fuera del circuito ordinario" de la entidad; de que no había "soporte contractual" para las mismas; y también de que su uso "no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales", por lo que el dinero debería considerarse una retribución "irregular".

En el listado de los 66 están incluidos los nombres de quienes fueron miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia, que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre. A los primeros, los que aprobaron el uso de las tarjetas, se les imputa un delito de administración desleal y a los demás, de apropiación indebida.

El juez rechaza las solicitudes de sobreseimiento de los abogados de seis de los imputados y también la práctica de nuevas diligencias, por lo que decide terminar la investigación. Así, acuerda continuar con la tramitación de la causa y dar traslado al Ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que, en el plazo de diez días, pidan que se celebre juicio oral o bien que se archive la causa.

El pasado mes de abril, el mismo juez archivó las actuaciones contra 14 de los imputados porque había prescrito el delito de apropiación indebida al pasar más de cinco años "desde el día en que se habría cometido la última infracción". En julio, volvió a imputar a otros 12, incluido el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, para los que había dictado sobreseimiento en mayo.

La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia que las utilizaron para gastar 15,5 millones de euros en 13 años.

Anteriormente, la auditoría interna de Bankia fue la que detectó la existencia de esas tarjetas emitidas en un primer momento por Caja Madrid y lo comunicó en junio de 2014 a su principal accionista el FROB, el fondo de rescate español.

A raíz de esta investigación, el juez Andreu impuso una fianza de 16 millones a Miguel Blesa y otra de 3 millones a Rato, teniendo en cuenta no sólo el dinero que habían gastado sino el resto de cargos de otros directivos durante sus mandatos.

En el caso de Blesa, el juez ordenó el embargo de sus bienes al no haber presentado la fianza, mientras que Rato aportó un aval bancario que evitó el bloqueo de parte de su patrimonio, y desde entonces han pedido a Andreu que revise la caución impuesta después de que varios imputados hayan devuelto sus gastos.