La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado que la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ceda parte del caso de los ERE al magistrado de apoyo en el órgano judicial, Álvaro Martín, "con el fin de agilizar y dar un mayor impulso a estas diligencias".

En su resolución, el TSJA recuerda que esta propuesta se ha presentado conjuntamente entre ambos jueces y que el magistrado de refuerzo asumirá, "en un marco de plena colaboración y entendimiento, la tramitación de las seis piezas" diseñadas en noviembre pasado por Núñez, entre ellas, el procedimiento específico contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hay que recordar que la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La propuesta, según han indicado las mismas fuentes consultadas, ha sido "consensuada" entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el TSJA apartara a la jueza Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las macrocausas, todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

El TSJA decidió apartar a Alaya, ahora en la Audiencia Provincial de Sevilla, de ERE dada su "clara voluntad de no colaboración" con la jueza titular, María Núñez Bolaños, y para "evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto" entre ambas magistradas, lo que fue ratificado posteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su informe, la Sala de Gobierno del TSJA ponía de manifiesto que la decisión adoptada por la jueza Núñez de dividir el caso ERE en piezas separadas "incide" en el plan de actuación aprobado el pasado día 23 de junio, pues "podría conllevar una posible y nueva distribución de cometidos en ese procedimiento" y "repercutirá en la organización de los medios y del trabajo de la oficina judicial, obligando a un entendimiento y colaboración en este sentido".

Según la Sala de Gobierno, a la división del caso ERE se suma que, con posterioridad a dicho acuerdo, la jueza Alaya "ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única" del caso, "insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial".

El TSJA reconoció "la labor desarrollada previamente" por Alaya y manifestó "lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimiento de la misma", no obstante lo cual esta magistrada "ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia".