La Audiencia de Guadalajara ha revocado el informe pericial elaborado a instancias del juzgado de Sigüenza sobre lo ocurrido en el incendio de hace ahora dos años en esta provincia, que acabó con la vida de once miembros de un retén, y que no aprecia "negligencia" en estas muertes, informaron a Efe fuentes judiciales.

La decisión de la Audiencia Provincial de Guadalajara se produce tras el recurso de apelación presentado por los letrados de las familias de ocho de las víctimas de este incendio, que además arrasó unas trece mil hectáreas de pinares del antiguo Ducado de Medinacelli.

Las familias habían solicitado, sin éxito, al juzgado que tuviera en cuenta más documentación de la facilitada a los peritos para elaborar el informe realizado por dos técnicos forestales del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid a petición de la jueza de instrucción, Concepción Azuara, quien el pasado mes de junio fue sustituida por María del Mar Lorenzo por ascender la primera a la categoría de magistrada y ser trasladada a Bilbao.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe y del que ha sido ponente la presidenta de la Audiencia de Guadalajara, Concepción Espejel, se pide al juzgado de Sigüenza que en la elaboración del nuevo informe pericial se tengan en cuenta las declaraciones de los testigos del incendio, las de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente que intervinieron en las operaciones y las grabaciones de las llamadas al 112.

Reproches a la jueza

Asimismo el tribunal le dice a la jueza de Sigüenza que se "suprima del objeto de la pericia la mención relativa a la eventual calificación jurídica" de los posibles delitos que se deriven de la investigación, puesto que esta no es una tarea encomendada a los peritos.

La sala también reprocha a la jueza "la falta de claridad" cuando en la providencia del pasado mes de marzo le pide a los peritos que se pronuncien sobre si ante lo ocurrido el 17 de julio de 2005 con la muerte del retén de Cogulludo, "podríamos estar ante un accidente o no" y entiende que el término más correcto sería "por accidente" o "por casualidad", es decir, como combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evita, aclara.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha "respeta la instrucción del sumario y no valora las decisiones judiciales que se adopten al respecto", indicaron a Efe fuentes de la vicepresidencia primera de la Junta.

Los familiares, satisfechos

Por su parte, el portavoz de las familias de las víctimas, José María Manteca, manifestó su satisfacción por esta decisión judicial e insistió en la necesidad de que se conozca la verdad y se haga justicia.

El informe en cuestión, que según Manteca ha costado seis mil euros que "tendremos que pagar entre todos", "carece de valor porque se ha hecho desde una perspectiva que no era la idónea".

Manteca tiene claro que la publicación del informe fue interesada y que su objetivo era "contrarrestar y tapar" el hecho de que mañana estas familias presentarán otro en el juzgado de Sigüenza.