La Junta de Castilla y León ha anunciado el inicio de ejecución de las garantías pendientes de Elgorriaga, por valor de más de cuatro millones de euros, y ha acusado a los hasta hora propietarios de poner en peligro la fábrica y el centenar de empleos.

Luis Presa y Mercedes Morán, hasta hace unos días propietarios, no han acudido este viernes a firmar la venta a Tartalia, como se habían comprometido en un preacuerdo, ya que se deshicieron del paquete mayoritario al vendérselo a Distribuciones Gaher.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Junta ha indicado que "ante la inseguridad e inmoralidad de las actuaciones llevadas a cabo", se procederá a la ejecución e las garantías en el proceso normativo previsto y "se mantendrá vigilante para que, a partir de este mismo momento, los dos propietarios que no se han presentado a la firma de la compraventa, sigan pagando las nóminas a los más de cien empleados de Elgorriaga, a los proveedores y se eviten los graves perjuicios que tal situación puede producir a la empresa".

Desde la Administración se señala que "a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Junta de Castilla y León y el comité de empresa", Presa y Morán no han acudido a la firma, prevista para el mediodía del viernes en Madrid.

"Al no producirse esta firma -han señalado-, han impedido que la próxima semana los trabajadores de Elgorriaga tuvieran garantía inmediata para el cobro de las nóminas atrasadas, además de no permitir que se invierta en la empresa para garantizar el futuro de esta galletera, ni que desde la próxima semana esta fábrica sea viable, ni que los proveedores confíen en Elgorriaga".

También los acusan de haber "acabado con la garantía que exigía la Junta de Castilla y León y el comité de empresa de que se mantuviesen en Ávila todos los puestos de trabajo".

"Nadie entiende el interés que tanto Luis Presa como Mercedes Morán tienen para lastrar el futuro de Elgorriaga y de las más de cien familias que viven de esta empresa", ha añadido.

La empresa madrileña Tartalia, con la que tenían el preacuerdo de compraventa comprometido y cuya firma se tenía que haber producido, ha comunicado a la Junta que ha fijado un plazo para que "en las próximas horas se reconduzca la situación o, de lo contrario, emprenderá acciones legales e incluso penales".

El interés de la Junta "ha sido siempre el de apoyar a la empresa Elgorriaga, garantizar todos y cada uno de sus puestos de trabajo y asegurar el futuro y la viabilidad de la fábrica abulense", se ha añadido desde la Administración autonómica.