Las elecciones del próximo 20 de diciembre enfrentan a los partidos a una disyuntiva: ¿cómo sufragarán sus promesas electorales y sus programas de gasto público para luchar contra el paro, la pobreza y los bajos salarios?

Bruselas aprieta en los objetivos de déficit y existe un Plan de Estabilidad que impide a España superar a finales de 2016 un límite del 3% de desajuste presupuestario. Así que los partidos han elaborado programas enfocándose en dos aristas: mejorar la lucha contra el fraude y optimizar la estructura de los impuestos. Como dice Ciudadanos, de este modo el sistema fiscal no será un "queso gruyere" con agujeros sino un "queso manchego pequeño y compacto".

Cada partido propone una estrategia distinta. Unidad Popular profundizará en la progresividad fiscal haciendo hincapié en los impuestos directos. Podemos lanzará una Reforma Fiscal que propone elevar en cuatro años los ingresos entre 30.000 y 40.000 millones de euros. El PSOE, por su parte, plantea modificaciones fiscales para recaudar 25.000 millones. El PP prevé rebajas fiscales tras la subida de impuestos que ha marcado su legislatura; y Ciudadanos, finalmente, presentará una reducción de los impuestos acompañada de una eliminación de deducciones para conformar el citado "queso manchego".

Estas son las medidas que proponen los principales partidos políticos:

PP: Han anunciado durante la campaña varias medidas que no vienen en el programa. Entre ellas, rebajar el tipo mínimo del 19% al 17%, y el máximo del 45% al 43%. Además, eximirán de IRPF a tres colectivos: a quienes sigan trabajando más allá de la edad de jubilación, a quienes encuentren su primer empleo (durante un año) y a los parados de larga duración que monten un negocio (durante dos años). Sí incluyen en el programa que aumentarán la cantidad que da derecho a deducción por las aportaciones a planes privados de pensiones, siempre que las aportaciones se realicen conjuntamente entre empleador y trabajador: la cantidad rescatada sería tratada como ahorro y tributará a un tipo menor. Ampliarán los cheques familiares para familias numerosas con ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad. E introducirán deducciones por los gastos incurridos en adopciones internacionales. Finalmente, en el sector rural, consolidarán la tributación por módulos.

PSOE: Contemplan desgravaciones en este impuesto por aportaciones a la producción y el consumo cultural. Desincentivarán los blindajes empresariales de los altos ejecutivos gravando sus indemnizaciones de despido con un tipo adicional extraordinario del IRPF, así como los salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias. Revisarán el regimen de estimacion objetiva para evitar fraudes. El resto de las medidas se tomarán por un Comité de Expertos, en el plazo de seis meses, si llegan a gobernar.

Ciudadanos: Aseguran que su reforma fiscal rebajará aproximadamente el 3% en la cuota líquida de todos los españoles. Plantea pasar de cinco a cuatro los tramos de gravamen: 1) hasta 22.100 euros (18,4%), 2) de 22.100 a 37.200 euros (29,10%), 3) de 37.200 a 62.000 euros (35,8%) y 4) las rentas mayores de 62.000 euros se gravarán al 43,5%. Este tipo máximo, más cercano al 40% que al 50%, según Ciudadanos, haría atractivo a las rentas altas poder tributar en España sus ingresos. Por otro lado, se mantendrían los mínimos personales en 5.500 euros, pero los minimos familiares del tercer hijo y siguientes se ampliarían a 4.560 euros (desde los 4.000 actuales) y en el cuatro y siguientes hasta 5.690 euros (desde los 4.500 actuales). La reducción por rendimientos del trabajo se quitará para todos excepto a los que cobren menos de 25.500 euros. Simplificarán el régimen de contabilidad de las Pymes, para que se puedan controlar de forma más adecuada: solo aquellas cuyos clientes finales sean el consumidor, podrán usar el régimen de módulos. El complemento salarial se ingresa en la declaración del IRPF y se explica en el detalle de las políticas salariales.

Podemos: A diferencia de Ciudadanos, aumentarán el número de tramos: a partir de 60.000 euros se elevarán desde el 45% hasta alcanzar el 55%, para rentas superiores a los 300.000 euros. Eliminarán las deducciones que tiene un caracter más regresivo y de las que, según Podemos, se benefican pocos contribuyentes situados en los tramos altos de renta. Aseguran que corregirán progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y de ahorro, para avanzar hacia una tarifa única. Eliminarán finalmente el régimen de estimación objetiva para las actividades económicas, porque según este partido "genera fraude y desigualdades injustificables ya que todas las empresas, incluso las más pequeñas, son capaces de llevar registros contables".

Unidad Popular: Igualarán en la base imponible la tributación de las rentas del trabajo y del capital. Sustituirán el sistema de módulos para las Pymes por otro basado en la facturación para gravar el beneficio, no la actividad y añadir otras medidas complementarias que hagan públicas las facturaciones. No eliminarán el sistema de estimación objetiva, pero restringirán su uso. Aumentarán la cantidad pagada por IRPF en función de las viviendas que se tengan en propiedad.

PP: Mantendrán el tipo superreducido del 4% a los libros y revistas. En el sector rural, mantendrán el régimen simplificado y la estructura de tipos. A falta de que se anuncie algo al respecto en campaña, el PP no ha hecho más anuncios sobre este impuesto.

PSOE: Rebajarán el tipo de IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música, del 21% al 10%, y pedirán permiso a la UE para bajarlo después al 4%. Promoverán que se cambie la norma europea para aplicar tipos superreducidos (4%) a libros y revistas (incluídas las electrónicas) y a los bienes de primera necesidad.

Ciudadanos: Su propuesta elimina el tipo superreducido del 4% y solo deja dos gravámenes: reducido del 7% (tres puntos menos del actual del 10%) y otro general del 18% (tres puntos inferior al actual del 21%). Su medida hará que alimentos de primeras necesidad como el pan, la leche, las verduras aumenten en tres puntos su tributación. Lo mismo pasaría como otros productos que ahora tributan al 4%, como los medicamentos o libros. A cambio, los precios de los suministros (gas, luz, agua) se verían beneficiados porque se les rebajaría su IVA del 21% al 18%. En el tipo reducido del 7% también quedarían incluidos productos  que antes estaban en el superreducido del 4% como los culturales, la sanidad, la educación y la hostelería.

Podemos: Ampliarán el tipo superreducido del 4% a un mayor rango de alimentos y bebidas no alcohólicas (se excluirán aquellos para los que resulte desaconsejable por motivos de salud pública) y aplicarán el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que ahora tienen un 21% de tributación. Reducirán el IVA a productos culturales y escolares, que volverán a la situacion previa a la reforma del PP. Se aumentará el tipo hasta el 25% a los artículos de lujo para compensar la bajada al resto de productos. Introducirán el criterio de IVA de caja como universal y obligatorio (solo pagar este impuesto cuando se cobre la factura) para que las grandes empresas no discriminen a las Pymes que lo quieran utilizar.

Unidad Popular: Proponen una estructura progresiva de los tipos del IVA, tendente a su reducción. Reclasificarán las actividades y productos sujetos a cada tipo, aumentándolo para bienes suntuarios y reduciéndolo para bienes de necesidad o la cultura. El comercio de segunda mano disfrutará de exenciones y rebajas en este impuesto.

PP: Ya han aprobado desde el Gobierno una rebaja del tipo general del 30% al 25% a partir de 2016. Se han introducido mecanismos para beneficiar a las Pymes, que podrán aplicar la reserva de nivelación para reducir su tipo al 22,5% y la reserva de capitalización para que baje al 20%. Además, se mantiene la fiscalidad reducida al 15% para nuevos emprendedores.

PSOE: Su idea es agrandar las bases imponibles del IS, revisando muchas exenciones y bonificaciones que según el PSOE "son de escasa justificacion". Prevén una tributación suelo minima del 15% para las grandes empresas, que no puedan rebasar a la baja mediante deducciones. Se desgravarán las aportaciones que realcien las empresas a la producción y al consumo cultural.

Ciudadanos: Proponen un tipo único en el 20% y no contemplan un tipo menor para Pymes porque piensan que "desincentivaría el crecimiento empresarial". Eliminarán "prácticamente todas las deducciones fiscales" que, según Ciudadanos, solo sirven para que las empresas al final paguen tipos mas bajos. Entre esta deducciones, apuntan a la límitación en la deducción de los gastos financieros (intereses) a partir de un millón de euros.

Podemos: Se comprometene a eliminar los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones —como la de gastos financieros—para que los tipos reales sean próximos a los nominales. Como el PSOE, plantean un impuesto mínimo para las grandes empresas, y un tipo diferenciado en funcion del destino de los beneficios: estandar del 30% para beneficios distribuidos a accionistas y 25% para beneficios reinvertidos en la empresa. Eliminarán la posibilidad de usar sociedades pantalla para tributar por el IS lo que son realmente rendimientos particulares que deberían tributar por el IRPF.

Unidad Popular: Se actuará sobre las deducciones, reduciéndolas al máximo, y se elevará el tipo real del impuesto a las grandes empresas (aunque no especifican un porcentaje concreto). Reducirán las cargas fiscales en el Impuesto de Sociedades para el cine español.

PP: A falta de que se anuncie algo en campaña, el PP no ha hecho ninguna propuesta sobre estos impuestos.

PSOE: Elevarán la imposición por Patrimonio y Sucesiones, y proponen un tipo común de estos impuestos en todas las comunidades autónomas.

Ciudadanos: Proponen mantener el Impuesto de Patrimonio, pero que su gestión pase a manos del Estado para que las comunidades no decidan sobre él; los tipos serán inferiores pero se limitarán las exenciones actuales a un máximo de cinco millones de euros. También proponen armonizar el Impuesto de Sucesiones para que no haya divergencias entre autonomías: exención de la primera vivienda, de la empresa familiar y un mínimo exento de un millón de euros por hijo: por encima de ese millón, se fijaría una horquilla impositiva del 4% al 10%, que no podría ser rebasados al alza ni a la baja por las comunidades.

Podemos: En ambos impuestos se armonizarán las normas para todas las autonomías. El Impuesto de Patrimonio disminuirá su mínimo exento a 400.000 euros y la primera vivienda seguirá estando exenta de dicho impuesto, siempre que no supere los 300.000 euros; se revisarán las bonificaciones y deducciones de este impuesto. También proponen favorecer la derogación de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, revisando el patrimonio preexistente de los herederos para fijar la tarifa del impuesto.

Unidad Popular: Se regulará la implantación de los impuestos a grandes fortunas, así como el de patrimonio (o riqueza) y de sucesiones con mínimos exentos. Se establecerá un Impuesto sobre incrementos patrimonionales obtenidos entre 2010 y 2015, para que lo paguen los que se han enriquecido durante la crisis.

PP: Anuncian una "reducción de impuestos" a la generación eléctrica, pero manteniendo la "sostenibilidad del sistema".

PSOE: Planetan nuevos impuestos medioambientales para llevar a cabo una "transicion energetica": tributo sobre emisiones de CO2, sobre oxido nitroso, sobre emisiones de vehiculos motor —fusionando el Impuesto de Matriculación y el de Circulación—, sobre residuos industriales, envases, peligrosos y toxicos. Reformarán el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Especial sobre Electricidad, pero no especifican cómo. Pondrán en marcha de forma defnitiva un Impuesto sobre transacciones financieras para frenar la especulación y que incluirá "el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados".

Ciudadanos: Dotarán de una mayor progresividad al Impuesto sobre Hidrocarburos y se establecerán elevadas multas a los operadores del sector si realizan prácticas anticompetitivas. Eliminarán el Impuesto de Matriculación y el de Circulación, para fusionar ambos en un nuevo Impuesto Ambiental, armonizado en todo el territorio, que cargue una tasa en función de las emisiones por dióxido de carbono.

Podemos: Anuncia una Fiscalidad Verde que desincentive el uso de energía contaminante: reformarán el Impuesto sobre Hidrocarburos y carbón para revisar sus beneficios fiscales, aplicarán una exención del Impuesto sobre producción de electricidad a las instalaciones renovables de menos de 100kw, igualarán los tipos impositivos de la gasolina y del gasóleo, reformarán el Impuesto de Tracción Mecánica para considerar la contaminación de cada coche, estudiarán impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte publico, e impondrán tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte. Contemplan un nuevo tributo denominado Impuesto de Solidaridad, aplicable a las entidades financieras privadas, para recuperar las cantidades que el sector ha recibido en forma de ayudas públicas: se aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una legislatura. Se comprometen además a legislar "de la manera más ambiciosa posible" sobre el Impuesto de Transacciones Financieras que pagarían las entidades bancarias, los gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras; el impuesto se aplicaría un 0,1% sobre la compra y venta de acciones y bonos, y un 0,01% sobre productos derivados.

Unidad Popular: Apoyan la creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras que será sustituido, cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea. Promulgaráne una Ley de Fiscalidad Ecológica, con impuestos ambientales a la industria en función de la cantidad y clase de partículas contaminantes emitidas a la atmósfera o al agua. Modificarán la Ley de Haciendas Locales dando capacidad a los ayuntamientos para aplicar gravámenes del IBI a viviendas vacías.

PP: Potenciarán que haya más contratos indefinidos a través de bonificaciones en las cotizaciones: se liberan de pagar los primeros 500 euros de Seguridad Social en la contratación fija, en un programa que se ampliará a cuatro años. Se ampliará esta medida a los contratos temporales que se conviertan en fijos. Ampliarán de seis meses a un año tarifa plana de 50 euros para nuevos empresarios.

PSOE: Elevarán gradualmente la base máxima de cotización y de forma progresiva las bases mínimas, en función del incremento del SMI.

Ciudadanos: Reducirán las cotizaciones a las empresas que ofrezcan una mayor estabilidad laboral. Será un régimen de bonus-malus, al estilo del usado por las aseguradoras con los siniestros: las empresas que despidan poco tendrán bonificación en las cotizaciones. Además habrá bonificaciones para las empresas que contraten a parados de larga duración.

Podemos: Eliminarán el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.

Unidad Popular: Penalizarán las horas extras con un incremento del 50% en la cotización por contingencias comunes y del 100% en accidentes de trabajo. Legislarán el reconocimiento por parte de la Seguridad Social el trabajo de cuidados y cotización de estos trabajos.

PP: Implantarán un Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de contratación, trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, así como una nueva Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para hacer más eficaz la sanción de las conductas infractoras. Garantizan que las Sicav se usarán como verdaderos instrumentos de inversión colectiva: sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.

PSOE: Destinarán 5.000 nuevos inspectores fiscales en cuatro años y otro 3.000 inspectores de trabajo. Aseguran que no habrá otra amnistía fiscal y se comprometen a publicar el nombre de los que se acogieron a la amnistía del PP. Exigirán a los bancos que operan en España a que digan qué clientes tienen cuentas en paraísos fiscales: si no lo hacen serán sancionados, y si siguen sin hacerlo se les retirará la ficha bancaria. En cuanto a las Sicav: fijarán un porcentaje máximo de participación por inversor y un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen. Modificarán el Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados graves, con penas de prisión de 2 a 6 años y ampliación de la prescripción a los 10 años). Promoverán un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y evite injerencias politicas. Y finalmente, publicarán la identidad de los contribuyentes benficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales.

Ciudadanos: Reorientarán los recursos de la Agencia Tributaria, desde el control al pequeño contibuyente, al fraude más sofisticado, que según Ciudadanos es "más cuantioso y dañino". Se aliviará la presión sobre incumplimientos formales (presentar declaraciones fuera de plazo) y se controlarán más los incumplimientos graves. Subirán las multas por no emitir facturas. Se fusionará la inspección de Hacienda con la inspección de la Seguridad Social y se les dotará de más personal. En cuanto a las Sicav, se devolverá su control al ministerio de Hacienda y se promoverá su apertura para que cualquier ciudadano pueda invertir en ellas en las mismas condiciones quee los dueños reales. Finalmente, todo ciudadano podrá pagar cualquier servicio de más de 10 euros con tarjeta y los empresarios no podrán denegar su uso.

Podemos: Garantizarán la autonomia de la AEAT —el Parlamento nombrará a su director—, erradicarán su uso partidario e incrementar su personal con oferta de empleo público. Establecerán medidas para conocer la identidad de los titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Rebajarán a 50.000 euros la cuantía minima del delito fiscal, ampliarán como el PSOE el plazo de prescripción a los 10 años y aplicarán la calificación de pena fiscal grave cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros. En cuanto a las Sicav, se controlará el numero real de socios, establecerán un período máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, un límite de las aportaciones y un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Si estas condiciones como sociedad colectiva de inversión no se cumplen, dejarían de tributar al 1% y lo harían al tipo general del Impuesto de Sociedades.

Unidad Popular: Fortalecerán las Haciendas Públicas aumentando su personal y medios. Se realizará un endurecimiento de las sanciones, reducirán el umbral para la consideración de delito y se ampliarán los plazos de prescripción. Suprimirán las Sicav y extenderán el límite máximo de participación individual (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no. Prohibirán en las instituciones financieras españolas cualquier operativa hacia y desde paraísos fiscales. Garantizarán el anonimato para denunciar casos de fraude fiscal y de competencia desleal. También se comprometen a luchar contra el fraude laboral controlando las empresas ficticias, ampliando las competencias y duplicando la plantilla de la inspección de Trabajo, aumentando la cuantía de las sanciones.