El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el grupo parlamentario socialista a la Ley de Costas aprobada por Gobierno el PP en 2013, anulando algunas partes de la ley por considerar que rebajan la protección del litoral.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, declara "inconstitucional", entre otros, la reducción de protección para la isla de Formentera y sus salinas, para la que la Ley establece un dominio público menor que en el resto de España, lo que le permitiría esquivar determinadas imposiciones de la norma.

El Constitucional considera que la reducción del dominio público marítimo-terrestre en Formentera no está lo suficientemente justificada para explicar por qué este territorio debe recibir un tratamiento diferente, por ejemplo, al resto de las Islas Baleares.

La sentencia tampoco admite que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre las zonas "que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto", como el caso de las salinas.

Asimismo, anula una disposición de la Ley que legalizaba una depuradora considera ilegal por el Tribunal Supremo en la comunidad de Cantabria.

El texto recuerda que "hay sentencias firmes que han ordenado la demolición de depuradoras en contra de lo establecido", y que "sólo se permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

El diputado socialista, José Luis Ávalos uno de los impulsores del recurso, ha declarado a Efe que "aunque sea parcial esta declaración de inconstitucionalidad no deja de ser un éxito", al tiempo que ha advertido de que "una mayoría política diferente traerá de nuevo la protección al litoral".

Greenpeace ha celebrado la noticia y aplaude lo que había denunciado anteriormente:  la inconstitucionalidad que suponía otorgar a manos privadas los terrenos naturales de las salinas y los pocos lugares que quedan sin urbanizar en el Mediterráneo.

La organización considera que esta ley supone una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros y demanda al próximo Gobierno su revocación total. "Hoy es un día para celebrar que el rodillo demoledor del Partido Popular sobre el medio ambiente en esta legislatura ha sufrido un fuerte varapalo y el Tribunal Constitucional da la razón a Greenpeace, que denunciamos en lo más alto del Congreso de los diputados el grave retroceso que suponía esta Ley", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.