El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad en la tarde de este miércoles el recurso del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament, una admisión que conlleva la suspensión automática de la misma durante un plazo máximo de cinco meses. El pleno del Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carmen Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en delito de desobediencia si no acatan su decisión.

El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento, han informado fuentes del Tribunal.

El Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por once magistrados, ha comenzado pasadas las cuatro y media de esta tarde de miércoles a estudiar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista. El  recurso señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

Tal como ha explicado la abogada general del Estado, Marta Silva, a las puertas del TC, el Gobierno solicita expresamente al TC que suspenda cautelarmente la vigencia de la declaración mientras resuelve sobre el fondo, lo que de admitirse el recurso se acordará de forma automática durante al menos 5 meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución.

Por otro lado, el Gobierno pide que la providencia que se esta tarde de miércoles dicte el tribunal de garantías se notifique a un total de 21 altos cargos -entre ellos la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y del presidente en funciones, Artur Mas-; que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales; y que se añada la prohibición también expresa de que la cámara autonómica emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

El recurso pide al TC que se "notifique personalmente" la providencia de suspensión a Artur Mas, Carme Forcadell, a otras 19 personas "y, en su caso, a quienes resulten designados por el Presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento de Cataluña".

El Gobierno solicita, asimismo, que se imponga a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa la prohibición de admitir a trámite cualquier iniciativa que suponga el cumplimiento de la resolución suspendida. Y que el president y su Gobierno no puedan "promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad".

El Gobierno sostiene que la declaración "vulnera frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la ConstituciónEl documento pide al TC, por último, que advierta a los aludidos de que pueden suspenderse sus funciones y también de que, en el caso de que incumplan el mandato judicial, podrían ser llevados a los tribunales por "delito de desobediencia".

El texto, de 26 páginas, apela al artículo 161.2 de la Constitución para reclamar al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión de la disposición y expone que la resolución del Parlament tiene carácter jurídico además de su "marcado carácter político". Argumenta también que la resolución coincide con elementos de la declaración de 2013, que ya fue declarada inconstitucional.

El recurso sostiene que la resolución supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera "frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la Constitución.