Los desaparecidos: 14.000 casos abiertos en España y sin base de datos común para buscarlos

  • 16.000 denuncias por desaparición se presentan anualmente en España, de las que el 98% se resuelven favorablemente.
  • El Gobierno solo reconoce que hay 3.496 casos de desaparecidos en el país.
  • Las asociaciones que trabajan con víctimas hablan de un incremento de las desapariciones de enfermos de Alzheimer y de las que acaban en suicidio.
El niño canario Yeremi Vargas, desaparecido el 10 de marzo de 2007.
El niño canario Yeremi Vargas, desaparecido el 10 de marzo de 2007.
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18 años después de su asesinato, los padres de Eva Blanco –la joven de Algete que murió apuñalada en 1997 cuando volvía de pasar la tarde con unas amigas– han visto cómo la Guardia Civil localizaba en Francia al presunto autor del crimen de su hija.

Como ellos hasta ahora, 14.000 familias españolas –cifra que manejan las asociaciones de desaparecidos desde que se interpusiera la primera denuncia en la década de los 70 – viven con la incertidumbre de saber qué fue de sus seres queridos, quién se los llevó o si algún desaprensivo acabó con su vida en cualquier cuneta, como hicieron con Eva.

Aunque la cifra oficial de desaparecidos que baraja el Gobierno es cuatro veces inferior a la que manejan las asociaciones que trabajan con las familias –3.496 casos sin resolver–, los cierto es que cada año se presentan 16.000 denuncias por desaparición en España. «El porcentaje de resolución es muy alto. El 98% de ellas se resuelven en las primeras semanas. La mayoría son marchas voluntarias vinculadas a una discusión», explica Francisco Jiménez, coordinador de  la asociación Sosdesaparecidos.

Un 2% son "inquietantes"

En estos casos siempre hay un modus operandi por parte de la persona que desaparece: lleva dinero encima, el teléfono móvil y el DNI. Además, los familiares que interponen la denuncia saben que existió un posible detonante: un disgusto o una discusión violenta que pudo llevar al desaparecido a marcharse de forma voluntaria.

Diferente es el caso del 2% de desaparecidos a los que se les pierde completamente la pista. "Son las que llamamos desapariciones inquietantes. Aquí están los niños, a los que alguien se les puede haber llevado contra su voluntad y los ancianos con síntomas de Alzhéimer. En este caso las primeras horas son vitales, sino suele encontrárseles fallecidos. También aquellos adultos de cualquier edad que hubieran sufrido previamente amenazas, como las mujeres maltratadas", explica Jiménez.

Dentro de este 2% hay que situar nombres conocidos por todos y cuya relevancia ha trascendido el ámbito de la intimidad familiar para convertirlos en casos muy mediáticos: Marta del Castillo, Sara Morales, María Piedad García o Yéremi Vargas son solo algunos ejemplos.

Una de las principales críticas de los familiares de desaparecidos y de las asociaciones que los agrupan es la inexistencia de una "base de datos unificada" que permita seguir la pista del caso más allá de la provincia en la que ha ocurrido. "La Policía Nacional, la Guardia Civil, las diferentes policías locales. No hay una base de datos común, cada uno tiene la suya. Así es imposible", denuncian desde Sosdesaparecidos.

También cuestionan un protocolo de actuación que, a su juicio, está "obsoleto" y aunque en casos como el de  Yéremi Vargas "se cumplió, porque se cerró rápidamente el puerto y el aeropuerto, en otros como el de Marta del Castillo no se cumplió y se la dio por fugada en un primer momento".

Sus críticas llegan justo en un momento en el que estas asociaciones han detectado un "aumento de las desapariciones por suicidio y de las de ancianos con problemas de Alzhéimer", dicen.

Diez años esperando a Raúl

El caso de Raúl Casero del Amo es un buen ejemplo del desamparo en el que viven las familias que esperan a que su ser querido reaparezca de un momento a otro

Su familia ha emprendido una batalla para lograr que el Ministerio del Interior aclare las circunstancias de su muerte y les ofrezca una explicación creíble de lo ocurrido.

El joven despareció en 2001 en Madrid a la edad de 34 años. Al parecer, ese mismo día murió atropellado en la M-30. A los tres meses fue enterrado como «cadáver sin identificar» por parte de la Administración. Tardaron 10 años y medio en comunicárselo a sus padres y a su hermana.

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