La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero de 2016, a las 9.30 horas, la fecha de inicio del juicio del 'caso Nóos', en el que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales. Entre la impertinencia de las pruebas propuestas, la Audiencia ha acordado no admitir la solicitud de que el rey Felipe VI declare como testigo y explica que la inadmite "por imperativo legal".

Junto a la hermana del rey serán juzgados su esposo, Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas, entre ellas el exsocio de Urdangarin, Diego Torres; la esposa de éste Ana María Tejeiro; los hermanos de ella, Marco Antonio y Miguel, y el expresidente balear Jaume Matas.

También están encausados los antiguos altos cargos autonómicos del archipiélago José Luis Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet; los exresponsables públicos valencianos Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado; la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.

El secretario judicial de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha sido el encargado de notificar la diligencia de ordenación del caso. En ella cita además al Ministerio Fiscal y a los letrados del resto de partes a una comparecencia ante el tribunal para fijar el número de sesiones. Esta tendrá lugar el 23 de octubre a las 10.00 horas.

Esa vista previa, a la que únicamente asistirán el fiscal y los abogados, no los acusados, tendrá lugar en la sala habilitada para esta causa en las dependencias de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), en el Polígono de Son Rossinyol de Palma.

El tribunal también ha notificado este martes un auto en el que declara la pertinencia o la impertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas para el acto de juicio. Contra dicho auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que las partes a las que les fueran denegadas las pruebas puedan reproducir sus peticiones al inicio del juicio oral.

La declaración del rey fue solicitada por Torres. En relación con esa prueba, el auto asegura que la declaración de Felipe VI como testigo no se admite de conformidad con lo que establece el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "precepto que dispone expresamente que el rey está dispensado de la obligación de prestar declaración".

El 'caso Nóos' lo juzgará la sección primera de la Audiencia de Palma, un tribunal presidido por el magistrado Juan Pedro Yllanes, con Samantha Romero como ponente y Eleonor Moyà como tercera magistrada.

El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.

Se juzgarán los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.

Las fianzas de responsabilidad civil y pecuniaria solicitadas para los acusados superan los 60 millones de euros.

La Audiencia rechazó la petición de la infanta de resolver si le aplicaba la doctrina Botín antes de la celebración de la vista y de cara a evitar sentarse en el banquillo. Esta doctrina impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular —en este caso Manos Limpias—, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido. Mediante una providencia, el tribunal comunicó a las partes que iba a resolver esta petición durante la fase de cuestiones previas, al inicio del juicio.