La inversión del Gobierno de Aragón en ayudas y reparaciones de infraestructuras dañadas por las últimas riadas del Ebro asciende a 33 millones de euros y está ejecutada prácticamente al cien por cien.

Del total, 12 millones se han destinado directamente a explotaciones damnificadas y llegarán a sus titulares en los próximos días. Cerca de 13,5 millones han tenido como objetivo la reparación de infraestructuras comunes de riego. Las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración han recibido cinco millones de inversión.

En actuaciones de emergencia el montante ha sido de 1,3 millones y, finalmente, para actuaciones de gestión forestal y medioambiental la aportación ha sido de cerca de un millón de euros.

Las cifras han sido facilitadas esta tarde por el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, en la reunión que se ha celebrado en Pradilla de Ebro y que ha sido convocada por la comisión de los municipios afectados por las riadas del Ebro.

En la misma han participado también, además de representantes de estos municipios, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente, el de la comisión de afectados y alcalde de Pradilla de Ebro, Luis Eduardo Moncín, y técnicos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Olona ha hecho especial hincapié en la necesidad de "escuchar la voz del territorio", puesto que los problemas generados por el Ebro, según el consejero, no pueden ser abordados exclusivamente desde un punto de vista técnico, dado que "el problema es muy complejo y para solucionarlo es imprescindible la participación de quienes tienen la experiencia directa de convivencia con el río".

De este modo, el consejero ha querido expresar la importancia que el Gobierno de Aragón otorga a las poblaciones ribereñas a la hora de estudiar e implementar soluciones a los daños que el río provoca o puede provocar.

En la reunión también ha indicado que la Consejería que dirige está dispuesta a asumir la coordinación de las iniciativas que se lleven a cabo entre administraciones, afectados, técnicos y agentes sociales que puedan estar involucrados, ha detallado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.