La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Carmen Gallego, ha denunciado este miércoles el "chantaje" de la Xunta a los ayuntamientos gallegos, a los que ha enviado misivas a lo largo del mes de agosto para que se adhieran a la Axencia Galega de Servizos Sociales —que sustituye al Consorcio— a cambio de reducirles a la mitad una deuda estipulada por el propio Gobierno autonómico.

En rueda de prensa, la dirigente socialista ha explicado que, en esas cartas, la Consellería de Traballo e Benestar fija una liquidación que deben abonar los municipios por la rescisión de sus convenios con el extinto Consorcio para el mantenimiento de las escuelas infantiles. "Da una cifra a cada ayuntamiento", ha expuesto, para alertar de cuantías que llegan hasta los 600.000 euros en pequeñas localidades.

Todo ello, ha abundado la diputada, sin que haya mediado ninguna reunión de representantes de la Administración autonómica con los municipios, pese a que existe la obligación de que, al menos, se celebre una cada año.

Crítica con este "cambio en las reglas de juego" de forma unilateral por parte de la Xunta, la socialista ha cuestionado que el modelo de convenio con la Axencia de Servizos Sociais es "más caro" para los ayuntamientos y los usuarios, pues el Ejecutivo gallego reduce su porcentaje de aportación. De hecho, ha recordado que el precio que pagan los padres por las escuelas infantiles se duplicó "en los últimos cuatro años".

En este punto, se ha preguntado "por qué tienen que pagar" los municipios de menos de 20.000 habitantes por estos servicios si la reforma local aprobada por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy les retira las competencias en esa materia. "La Xunta está utilizando a los ayuntamientos para que hagan lo que ella se niega", ha censurado Carmen Gallego.

Los socialistas recurrirán

Así las cosas, ha dado cuenta de que los alcaldes socialistas están recurriendo las liquidaciones presentadas por la Xunta y requiriendo que se convoque la comisión de seguimiento entre la administración autonómica y la local. El objetivo de ese encuentro es conocer "por qué se rompen unilateralmente" convenios que están en vigor.

De no obtener respuesta favorable del Gobierno gallego, la parlamentaria ha avanzado que su partido estudiará "medidas legales" para hacer frente a esta situación y también pondrá en marcha iniciativas de "presión" política desde las distintas cámaras y las federaciones de municipios estatal y autonómica.

Por el momento, en el pleno del Parlamento de la semana próxima, la propia Carmen Gallego defenderá una moción para pedir a Traballo que consensúe con los municipios el modelo de gestión de los servicios sociales y que cualquier modificación no suponga "ni mayor carga económica para los ayuntamientos ni para los usuarios".