Cristina Cifuentes sigue dándole vueltas al reconocimiento que su Gobierno puede darle a los expresidentes autonómicos después de mandarles al paro con el cierre del Consejo Consultivo. Entre las posibilidades, aseguran fuentes de su Ejecutivo, está facilitarles un despacho o contar con ellos a modo de asesores externos, pero, en ningún caso, remunerarles con los 5.500 euros mensuales netos que cobraban del órgano regional.

El Ejecutivo de Cifuentes aprobó el pasado 1 de octubre el proyecto de ley necesario para eliminar el Consultivo, que tiene un presupuesto de 4,13 millones de euros para 2015 y se limita a hacer informes no vinculantes para la Comunidad, los ayuntamientos y las universidades públicas de la región.

Ese mismo día, la presidenta autonómica aseguró que daría una "salida digna" a los exmandatarios Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) e Ignacio González (PP), cuya única obligación era asistir a una reunión semanal para aprobar los dictámenes elaborados no por ellos ni por el resto de miembros del ente, sino por los técnicos especializados de la casa.

Ignacio Aguado (Ciudadanos), que respaldó la investidura de Cifuentes, se mostró de acuerdo en darles un estatus especial, siempre que eso no encubriese un "retiro dorado", como ocurría, a su juicio con el Consultivo.

La solución podría pasar por facilitarles un despacho o abonarles ciertas dietas por acudir a reuniones concretas, ejerciendo como consejeros del Ejecutivo, al igual que ocurre en otros territorios. Ello incluiría una declaración formal acerca de su papel al servicio de la región -un estatuto del expresidente, como ha detallado Leguina a eldiario.es- o una paga por una parte de su salario, pero nunca cerca de los 5.500 euros del Consultivo.

El nuevo papel de Leguina, Gallardón y González estaría listo para el mes de octubre, momento en el que la Asamblea de Madrid aprobará la eliminación formal del Consejo.