El abogado imputado en el caso de los ERE Carlos Leal ha asegurado que el Gobierno español, con gobiernos del PP y del PSOE, concedió entre los años 1995 y 2013 un total de 2.370 millones de euros en ayudas extraordinarias para empresas en crisis con un sistema como el de los ERE, que investiga la Justicia.

Leal ha realizado tales afirmaciones en un recurso presentado contra la división de los ERE, acordada por la jueza María Núñez Bolaños.

De ese dinero concedido, 1.893 millones de euros fueron ayudas a trabajadores previas a la jubilación ordinaria y el resto para trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, según el abogado. El abogado subraya que ese dinero no fue objeto de convocatoria alguna anual en la que figuraran sus bases reguladoras.

Las ayudas tampoco han dejado de considerarse excepcionales por el hecho de mantenerse vigentes durante más de 20 años, añade el abogado antes de recordar que su origen se remonta a 1982.

Tampoco fueron objeto de otra publicidad que permitiera una mayor concurrencia que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ni se ha cuestionado que su naturaleza no fuera de ayuda a trabajadores sino de subvenciones a empresas, señala el abogado en su recurso.

También precisa que la Intervención General del Estado no ha cuestionado el carácter excepcional de las ayudas ni se exigió su autorización por el Consejo de Ministros.

El abogado concluye que no se puede mantener que alguno de los nueve representantes de los Gobiernos de España que desde 1995 han ocupado el Ministerio de Trabajo, cinco del PP y cuatro del PSOE, "idearan tales ayudas para favorecer" al "entorno institucional" o a determinados partidos políticos.

En su recurso, el letrado subraya que hace esta afirmación porque desde el comienzo de la instrucción de los ERE, en 2011, "han ido calando de forma inapelable como vicios del proceso de concesión de las ayudas sociolaborales extraordinarias cuestionadas, que fueron concedidas por la Junta de Andalucía" para favorecer a su entorno y al del PSOE.

El calado de esta afirmación ha sido tal, según el abogado, que ha llegado a "contaminar" la exposición razonada que la magistrada Mercedes Alaya remitió en 2014 al Tribunal Supremo, en la que implicaba a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Como ejemplo de las ayudas concedidas por el Gobierno español, el abogado pone lo ocurrido con los 18 millones de euros aportados en 2001 a los trabajadores de Sintel por la pérdida de su empleo y "escasa cualificación profesional". Esos fueron los mismos criterios que los empleados por la Junta de Andalucía para conceder las ayudas sociolaborales que se cuestionan, como ocurrió con las concedidas a 17 trabajadores de Nueva Tharsis, subraya el abogado.