El Partido Popular ha registrado una proposición de ley urgente en el Congreso para que el Tribunal Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, una iniciativa que es la "evidencia", afirma, de que "nadie va a aprobar la independencia de Cataluña".

Se trata de una proposición de ley que han presentado este martes en el Congreso tras su registro el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PPC a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol.

La iniciativa, que se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura, persigue también que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones, además de imponerles multas de entre 3.000 y los 30.000 euros.

García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro" a los que quieren romper Cataluña del resto de España para que sepan que "la broma se ha terminado".

"No lo van a conseguir"

La proposición de ley modificaría la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, según García Albiol, va "en contra de aquellos que "pretenden saltarse las reglas del juego", no respetan las decisiones de los tribunales y quieren "romper" Cataluña. Es, ha añadido, "la forma más clara de demostrar que no lo van a conseguir".

Según ha explicado Hernando, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas.

A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, ha explicado Rafael Hernando.

García Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativaGarcía Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativa, un reclamo que ha dirigido especialmente a Unió Democrática de Catalunya (UDC) y al PSOE. Al respecto, Albiol ha señalado que en la votación de esta iniciativa se comprobará cuál es "la coherencia" de los socialistas, que "dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Cataluña" cuando se refieren al debate soberanista catalán.

La proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el incumplimiento de sus sentencias.

Recoge así, entre otras cosas, las citadas multas en caso de incumplimiento y la posibilidad de suspensión a autoridades y empleados públicos responsables así como la posibilidad de que el TC recurra al Gobierno para que "adopte las medidas necesarias" para "asegurar el cumplimiento de las resoluciones".

Situaciones "de desacato"

Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento "sin oír a las partes".

Y además se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dice resolución. Según Hernando, en los últimos años se han visto situaciones de "desacato" e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto "se tiene que acabar".

Por eso, si las normas actuales no son suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes y en consecuencia los derechos de los ciudadanos, "lo que hay que hacer es adaptar las normas", ha dicho el portavoz popular. Se trata, ha insistido, de "defender los derechos individuales y colectivos del conjunto de los ciudadanos españoles, sean quienes sean y estén donde estén".

A pesar de que el anuncio se produce a pocas semanas de las elecciones catalanas, Rafael Hernando ha asegurado que la iniciativa no es ni "oportunista ni coyuntural", sino que tiene "verdadera vocación de futuro" para "suplir algunas lagunas". El portavoz popular ha explicado por otra parte que ha avisado al PSOE de la presentación de esta reforma.

Sáenz de Santamaría: "Es un tribunal jurisdiccional, no judicial"

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que nadie tiene "nada que temer" de la proposición, salvo que incumpla la ley, porque lo único que hace es "fortalecer" el marco constitucional.

Ha recordado que el TC "es un tribunal jurisdiccional, no judicial, y lo normal es que, cuando dicta resoluciones, las administraciones las cumplamos", y ha explicado que el PP ha considerado oportuno plantear ahora esta reforma, porque "la legislatura sigue funcionando.

La proposición incluye "múltiples" medidas de requerimiento e información, por lo que Catalá entiende que no es una ley de sancionesEl ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su lado, ha apuntado antes de intervenir también en el pleno de la Cámara Alta que la proposición "no es una ley de sanciones ni mucho menos una ley de fortalecimiento de las capacidades del TC de hacer ejecutivas sus resoluciones", y por ello "parece algo bastante razonable".

Ha remarcado que la modificación legal permite "suspender" a esa "autoridad" o "funcionario", no al Gobierno o Administración implicada, sino "al encargado de cumplir" la sentencia, y ha afirmado que la capacidad de imponer "multas coercitivas" no es una novedad, porque ya existe en la legislación.

Además, ha reiterado que "lo que no es normal" es que no se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, y por ello la propuesta arbitra un procedimiento jurisdiccional para garantizar su cumplimiento por parte de cualquier administración, sea Gobierno central, autonómico o local.

Ha agregado que la proposición de ley incluye "múltiples" medidas de requerimiento e información, por lo que a su entender no se trata de una ley de sanciones. Respecto a la posibilidad de que se aplicara al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en caso de proclamar la independencia de Cataluña, ha contestado que al tratarse de algo "tan hipotético" correspondería en su caso al propio Constitucional decidir las actuaciones que considerase oportunas.