El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha asegurado este jueves, sobre el caso de las dos jóvenes asesinadas de Cuenca, que la sociedad española clama justicia y pide una actuación contundente.

En declaraciones a los periodistas en El Puerto de Santa María (Cádiz), Alonso ha expresado en nombre de su ministerio y del Gobierno sus condolencias a las familias de las dos jóvenes asesinadas. El ministro que ha manifestado su confianza en la actuación de la justicia y ha dicho que, aunque eso "no va a devolver la vida de Laura y de Marina", cree que "la sociedad española clama justicia y quiere que haya una actuación contundente".

"Quiero decir que la ley es más dura contra este tipo de asesinatos execrables, que genera una repulsa y una alarma social. La sociedad tiene derecho a protegerse de este tipo de asesinos especialmente repugnantes", ha manifestado.

Mientras el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hacía estas declaraciones en Cádiz, fuentes policiales informaban de la detención en Rumanía de Sergio Morate, el principal sospechoso del asesinato de Laura y Marina, las chicas cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en Cuenca.

Alonso ha sostenido que "el Código Penal se ha cambiado, pero lo que no se ha cambiado es la mentalidad de algunos", y ha criticado que "muchos grupos políticos" no apoyaron esa reforma. "Creo que era una reforma que protege mejor a la sociedad y que por desgracia sucesos como los que acabamos de ver justifican esa necesidad de endurecimiento de la ley", ha añadido. "Cada asesinato, cada crimen nos recuerda que esto debe ser una política de estado y constituir una prioridad del Gobierno", ha subrayado Alonso.

Precisamente, sobre este tipo de delitos, este jueves se ha sabido que el cumplimiento de una pena de prisión permanente revisable será compatible con el disfrute de permisos penitenciarios por parte del reo, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

"La concesión de beneficios penitenciarios en el cumplimiento de la condena no es incompatible con pena de prisión permanente revisable", apunta el ministro, ya que estas condenas, asociadas con los delitos más graves, implican "la revisión de la resocialización del condenado pero no excluye de la aplicación de los beneficios penitenciarios que le correspondan cuando haya transcurrido el primer tercio de su condena —que se revisa a los 25 años—, con las reglas generales del sistema penitenciario". Y todo ello, según explica el titular de Justicia, porque el fin de la pena "no es el transcurso del tiempo", sino la resocialización.

"Pero, ¿quién comprueba que eso ha sucedido? El juez de vigilancia penitenciaria por supuesto, con la colaboración del fiscal, y por lo tanto toda la aplicación de beneficios penitenciarios es posible, desde los momentos en que se van cumpliendo plazos", apunta Catalá.