En la sentencia, se dictamina que Muñoz firmó un sábado la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se iba a tratar el texto refundido de la revisión del plan urbanístico, pese a que sabía que las dependencias municipales estaban cerradas y los ediles no podían revisar la documentación.

El juez considera que "no se justificó la urgencia de la convocatoria", que se anunció el sábado 2 de diciembre de 2000, para el pleno que se celebró el lunes 4, pues los ediles de la oposición no tuvieron tiempo para examinar los documentos, "menoscabando los derechos de información".

"La decisión fue de Gil"

Durante el juicio del pasado 21 de junio Muñoz, que se encuentra en prisión preventiva por el "caso Malaya" desde el 20 de julio, declaró que él sólo se limitó a firmar la convocatoria como alcalde accidental, pero la decisión de convocar la sesión fue del fallecido Jesús Gil, que "no era un hombre de connivencia, y él tomaba sus propias decisiones".

Sin embargo, el juzgado sostiene que Julián Muñoz "tenía absoluta conciencia de que con su actuación estaba impidiendo a otros el ejercicio de su derecho" y señala que como alcalde accidental debía cumplir los derechos y obligaciones de su cargo.

Añade que si la actuación era no conforme a la normativa vigente, Muñoz podría no haber firmado la convocatoria, ni intervenir en los hechos, pues "era lo procedente".

En la sentencia se insiste en que el alcalde accidental sabía que el Ayuntamiento estaba cerrado desde las 14:00 horas del sábado, lo que "impedía el derecho de los concejales".

Tras la denuncia que interpuso el sábado por la tarde la por entonces portavoz socialista en Marbella Isabel García Marcos y posteriormente el PP, la autoridad judicial ordenó el domingo urgentemente a Muñoz que pusiera a disposición de los ediles toda la documentación del pleno, y sólo algunos pudieron acceder a la misma.

Según el juez, la sesión convocada de forma extraordinaria "tenía como única justificación que los concejales de la oposición no tuvieran tiempo suficiente para el estudio de los temas a tratar".

Este pleno fue declarado nulo en marzo de 2003 por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).