La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha expresado su intención de que "a final de año o muy al principio del siguiente pudiéramos tener en el Parlamento" autonómico el proyecto de Ley de Renta Básica.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de reunirse, junto con el director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, con representantes de diferentes entidades sociales como primer paso para elaborar el anteproyecto de Ley de Renta Básica, en la sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede el Gobierno aragonés.

La consejera ha aclarado que en este primer encuentro no han presentado ningún documento, sino que han expuesto su planteamiento en esta cuestión, para después "escuchar" a estos colectivos y "que nos hagan propuestas", que "nos va a servir para enriquecernos" de cara a la presentación de este proyecto legislativo.

Broto ha manifestado que su objetivo es "acabar con la desigualdad y lograr que no se siga avanzando en el empobrecimiento de la sociedad", así como "acabar con una lacra muy dura, la pobreza infantil".

Para eso, se creará una renta básica, que debe permitir a las familias "vivir con dignidad" y para eso aportarán "unos ingresos mínimos". Igualmente, ha apuntado que, "en algunos casos" estos servirán para "complementar" el salario ya que "hay muchos casos de personas que, aún trabajando, tienen precariedad", mientras que otras familias "tendrán ligada esta renta básica a un proceso de inclusión".

La consejera ha apostillado que ésta "tiene que ser una prestación esencial, subjetiva, que quienes cumplen los requisitos la cobren" y también "habrá otro tipo de familias que tendrán esa prestación complementaria".

COSTE

La consejera ha indicado que todavía no se han concretado las cantidades de esa renta, para opinar que fijarlas de antemano "sería no respetar el proceso de participación". No obstante, ha indicado que la estimación del coste de esa ley será de entre 80 y 90 millones de euros.

Esta cantidad, ha apuntado, es "mucho mayor" que los 28 millones de euros presupuestados este año para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), cifra respecto a la que ha recordado que ya el PSOE la consideró "insuficiente".

Además, ha sostenido que el IAI "es un derecho subjetivo que no pude estar condicionado a la disponibilidad presupuestaria", si bien ha lamentado que "nunca se ha planteado la modificación de los créditos para que todas las personas que cumplían los requisitos lo cobraran".

Broto ha agregado que con esta nueva ley "estamos incrementado las personas y familias con derechos" y por eso "hablamos de un incremento sustancial de las cantidades", para aclarar que la futura legislación asumirá el IAI y las ayudas de integración familiar —que desaparecerán— y también habrá "otros colectivos que en estos momentos no tienen ninguna prestación, que no tienen ningún ingreso y que mediante esta ley podrían tenerlo".

En este sentido, ha argumentado que el IAI "es un ingreso que fue muy positivo en su día, condicionado a ese proceso de inserción", pero "en este momento hay familias que no tienen ningún ingreso y tampoco necesitan un plan de inserción, sino un empleo".

Por eso, desde el Gobierno "trabajaremos porque tengan un puesto de trabajo, pero mientras no lo tienen, si tampoco cuentan con ninguna prestación", el objetivo es que "puedan vivir con dignidad", algo que "es un sentir de todos los aragoneses", ha estimado.

Pago inmediato

Broto ha recordado su compromiso de "pagar en este año de inmediato" el IAI a más de 1.500 personas que cumplen los requisitos y están pendientes de obtener esta prestación, así como a las 2.000 que hay que renovársela.

"Vamos a flexibilizar y poner los medios materiales y humanos para dar solución al pago del IAI a aquellas personas que deben ser preceptores porque cumple los requisitos", ha remarcado la consejera.

Broto ha esgrimido que a pesar de la necesidad de tener que hacer un plan de ajuste en la Comunidad, desde el Gobierno "siempre hemos dicho que vamos a anteponer a las personas" y "la prioridad es que haya recursos para la familias que en estos momentos están en situación de emergencia".

Por eso, ha sostenido, "habrá un plan de ajuste", pero se mantiene la prioridad de impulsar la ley de Renta Básica, el pago del IAI y "aquellas soluciones de emergencia para colectivos que en este momento viven una situación de dificultad".

Inicio del proceso

La consejera ha indicado que el proceso de participación para la futura ley de Renta Básica ha comenzado con esta primera reunión con las entidades sociales que trabajan por la inclusión y con colectivos en dificultad "y que pretenden lo mismo que nosotros, acabar con la desigualdad".

Además, ha anunciado que en septiembre habrá otras reuniones con agentes sociales, colegios profesionales y administraciones locales, con la intención de que haya "una corresponsabilidad compartida en la aplicación de esta ley".

Ha agregado que también el Consejo Aragonés de Servicios Sociales "tiene mucho que decir", para incidir en que "no queremos que sea una ley que impongamos a la sociedad y a los colectivos que nosotros creemos que tienen algo que decir".