El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno para mejorar el aprovechamiento forestal en España, y considerada por la oposición "un ladrillo jurídico para sembrar el caos en los bosques, que no contenta a casi nadie".

El texto al que ha dado luz verde el Parlamento, gracias a la mayoría del PP, modifica una norma de 2006 y regulará más del 54% superficie del país, 27,7 millones de hectáreas que están consideradas suelo forestal, de las cuales dos tercios están en manos privadas.

La nueva Ley incorpora las normas reguladoras del trasvase de agua Tajo-Segura para dar cumplimiento a una sentencia del Constitucional, y ha contado con el rechazo de ONG, ingenieros, biólogos, agentes forestales, sindicatos y de los grupos de la oposición.

Los aspectos más polémicos a los que han aludido los parlamentarios de los grupos de la oposición tienen que ver con que la nueva norma "degrade" el papel de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales, o deje en manos de las Comunidades Autónomas la recalificación de los montes quemados, hasta ahora blindados en los 30 años posteriores al fuego.

La voluntariedad de realizar planes de gestión es otra de las novedades que ha contando con más rechazo.

En el debate final de la ley, el diputado popular Manuel Torres, ingeniero de montes, ha calificado de "machacones" los argumentos de la oposición, así como de "poseer un concepto rancio del monte, como algo que, porque es de todos, no se puede tocar".

Con su postura, la oposición demuestra "falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo", ha agregado.

Torres ha dicho que la nueva norma posee cuatro objetivos: "proteger la biodiversidad, prevenir incendios, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales".

"Esta ley ni degrada a los agentes forestales, ni suprime planes ordenación de los montes, ni recalifica urbanísticamente bosques quemados", ha incidido Torres, para quien la norma "armonizará" el desarrollo económico con la conservación del monte.

La diputada del PSOE Laura Seara se ha comprometido a que su partido cambiará la ley si gobierna, porque el texto actual es "un atajo hacia la defensa de los intereses del PP, que con esta ley abre la puerta a la privatización de los montes públicos y favorecer la recalificación de terrenos quemados".

"Esta ley limita y ataca el trabajo de los agentes ambientales, socava su autoridad e independencia, y comente la insolencia política de regular el trasvase Tajo-Segura", ha señalado.

En un tono muy duro se ha pronunciado también la diputada del PNV Maite Ariztegui, quien ha recalcado que la ley supone "un retroceso disfrazado de modernización forestal".

"El bosque bien gestionado no arde", ha clamado Ariztegui, para quien esta norma no favorece "ni el desarrollo rural ni la creación de empleo ni la conservación de los montes".

En la tesis de que la ley supone "una oportunidad económica perdida" ha profundizado también el diputado de CIU Martí Barberá, quien ha lamentado "que el texto no incorpore incentivos fiscales para la gestión forestal sostenible" y "deje de lado a agricultores y apicultores".

"La especulación urbanística tiene la puerta abierta con esta ley", ha indicado el diputado de la Izquierda Plural Josep Pérez, quien ha acusado al PP de utilizar esta Ley "para brindar el trasvase Tajo-Segura saltándose varias directivas y evadiendo periodos de información pública".

"Con esta acción demuestran su falta de respeto a los ciudadanos y al Parlamento", ha concluido.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito nacional han considerado hoy que, con la aprobación de la nueva Ley de Montes, el Gobierno "consuma un nuevo paso de desregulación y desprotección ambiental en la Legislatura", y "omite el interés general para favorecer el privado".

En declaraciones tras conocer que el Congreso ha dado luz verde definitiva a esa norma, portavoces de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han sostenido que la modificación de esta ley atiende al interés por "desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar ciertas actividades económicas y urbanísticas".

"Hemos pedido a todos los grupos de la oposición que si llegan al Gobierno una de las primeras labores que hagan sea derogar esta Ley de Montes porque supone un retroceso muy grave", ha señalado a Efe Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

Los activistas coinciden en que la norma aprobada supone un "abandono de la gestión forestal, al no ser obligatoria la elaboración de planes de gestión de los montes que estén en aprovechamiento".

Otro de los aspectos que más rechazo les genera es que "reabra la posibilidad de construir en montes quemados" facilitando, a su juicio, "la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país".

La anterior ley blindaba los montes quemados durante los 30 años posteriores a un incendio.

"Es cierto que la Ley requiere el interés general de los proyectos para poder construir sobre suelo quemado pero la experiencia de los últimos años demuestra, con casos que han recibido esa consideración como la Ciudad de Medio Ambiente de Soria o la estación de esquí de San Glorio, que esta no es garantía suficiente", ha añadido Oberhuber.

Los ecologistas han opinado que la ley favorece intereses concretos como los del sector de la celulosa "porque establece menores controles para realizar cultivos forestales intensivos", y al sector cinegético", ya que incluye una estrategia para fomentar la actividad cinegética a pesar de que esta es una competencia de las comunidades.

Al contrario, han apuntado, "perjudica al medio ambiente y a los agentes forestales", para quienes establecen limitaciones en sus labores de vigilancia y denuncia.

Diana Colomina, coordinadora de restauración forestal de WWF, ha agregado, además, que al regular el trasvase Tajo-Segura la Ley de Montes "vulnera" tres directivas, la de Agua, Evaluación Ambiental, e Información y Participación Pública, ya que dicha infraestructura tendría que haberse sometido tanto a evaluación ambiental como a información y participación.